La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta elevará al pleno del próximo lunes un proyecto de 'Ordenanza reguladora de la ejecución subsidiaria de sanciones económicas, en materia de Medio Ambiente, mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad', que permitirá a las personas de entre 16 y 30 años que hayan sido multados económicamente por vulnerar las ordenanzas medioambientales y que así lo deseen permutar esas sanciones por trabajos sociales. Según el texto de la futura Ordenanza, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso los medios de comunicación, dicho cambio sólo podrá efectuarse de forma 'voluntaria, personal, gratuita y a petición del interesado', y siempre y cuando este no sea reincidente. Los tipos de trabajos que se ofrecerá realizar a los sancionados serán la limpieza de zonas verdes o de papeleras 'con esponja y agua', tareas de limpieza en la vía pública, repintado de zonas afectadas por su infracción, eliminación de carteles, mantenimiento de equipamientos y espacios públicos, vigilancia de estos u 'otros trabajos similares'.

El espíritu del texto elaborado por el Ejecutivo ceutí es que los infractores de las Ordenanzas medioambientales tengan la posibilidad de efectuar 'una cooperación personal, no retribuida y con interés social y valor educativo, tendente a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito administrativo'.

El número de horas que los infractores deberán dedicar a estas tareas dependerá de la sanción económica que se les imponga de acuerdo con una tabla en la que el valor de cada hora se asimilará al que tiene en el Salario Mínimo Interprofesional, ligeramente por encima de cinco euros. Cuando el infractor sea menor de edad las medidas no podrán exceder 8 fines de semana 'por razones pedagógicas', mientras que los adultos no podrán dedicar a estos trabajos más de dos meses a razón de 8 horas diarias.

El incumplimiento de las tareas asignadas conllevará 'la ejecución de la sanción económica'. La Ciudad se encargará de suscribir una póliza de seguros para cubrir los riesgos dimanantes de las actividades encomendadas a los infractores que se acojan a esta fórmula de resarcimiento con la Administración.