El Gobierno de Ceuta, que sustenta el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea local con 19 de sus 25 diputados, tiene la intención de modificar el último borrador del Anteproyecto de nuevo Estatuto de Autonomía para elevar su rango institucional al de Comunidad Autónoma que ya tenía redactado a finales de 2006, 'buscando una fórmula' para transponer al mismo las prescripciones que sobre la inversión estatal han incluido desde entonces en los suyos regiones como Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, informaron fuentes de la Comisión Informativa de Presidencia encargada de su elaboración. El nuevo texto catalán establece, por ejemplo, que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará al PIB de Cataluña con relación al del Estado para un período de siete años. Por su parte, el andaluz señala que 'la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años'.

El último referente que maneja el Ejecutivo ceutí es el de la Comunidad Valenciana, que apunta que 'al fijar las transferencias para inversiones se tendrá en cuenta, en la forma progresiva que se acuerde, la conveniencia de equiparar los niveles de servicios en todo el territorio del Estado, estableciéndose, en su caso, las transferencias necesarias para el funcionamiento de los servicios'.

'Se trata de encontrar una fórmula que, atendiendo a las particularidades de la ciudad, fije un rango de participación de Ceuta fijando un porcentaje sobre la inversión total anual del Estado o sobre los Presupuestos Generales', explicaron estas mismas fuentes sobre los añadidos que el PP, en su papel de ponente en solitario, se encargará de introducir en el texto de partida, que en su Disposición Adicional IV ya exigía al Estado que compense 'de manera suficiente' a Ceuta por los gastos que origina el hecho fronterizo.

Igualmente, el borrador sobre el que trabajará el PP ya apunta que 'el Estado garantizará la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma teniendo en cuenta a estos efectos los condicionamientos que en relación con la cobertura de determinados servicios se deriven de la extrapeninsularidad, la reducida superficie, la elevada densidad de población y el hecho fronterizo' y deja claro que 'el régimen económico y fiscal especial de Ceuta no podrá ser modificado sin informe previo de la Asamblea que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros'.