27/11/2019
14:27 h.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado dejar en suspenso la apertura de las nuevas delegaciones de la Generalitat en Argentina, México y Túnez que el Gobierno impugnó al entender que su fin era promover las tesis del independentismo.
En un auto, la sala de lo contencioso del alto tribunal catalán estima la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores para suspender cautelarmente los decretos en los que la Generalitat aprobó la creación de esas tres nuevas delegaciones, cuyos representantes fueron nombrados por el Govern el mes pasado pese a estar impugnadas.
La sala razona que la puesta en marcha de esas nuevas delegaciones por parte del Departamento que dirige el republicano Alfred Bosch puede provocar "interferencias en la política exterior del Estado, perturbando su contenido, y confusión en terceros estados y organizaciones".
El Ministerio de Exteriores pidió también al TSJC que ordenara cautelarmente el cierre de otras delegaciones que la Generalitat ya tiene abiertas en Alemania, Suiza y Reino Unido, pero en una resolución del pasado mes de julio el alto tribunal catalán descartó paralizar provisionalmente su actividad.
El auto del TSJC recuerda que los decretos impugnados atribuyen a las nuevas delegaciones del Govern la función de promover y coordinar las "relaciones bilaterales" con los cuerpos consulares de otros países, algo que, añade la sala, podría entrar en contradicción con la doctrina constitucional que establece que esa es una competencia exclusiva del Estado.
Según el TSJC, no se puede ignorar la "dimensión política" que se atribuyen a las delegaciones en el extranjero tanto en los decretos impugnados como en las manifestaciones públicas de los responsables del Govern que, recuerda el auto, no han sido "desmentidas" por la Generalitat en su respuesta al recurso.
La sala estima las alegaciones formuladas por el ministerio que dirige Josep Borrell y concluye que el funcionamiento de las tres nuevas delegaciones podría provocar "interferencias en la política exterior del Estado, perturbando su contenido, y confusión en terceros estados y organizaciones internacionales sobre el alcance de la acción exterior del Govern".
El TSJC justifica las medidas cautelares adoptadas en que serían "difíciles de reparar" los "daños" que pudieran producirse como consecuencia de la "merma de la confianza ocasionada en las relaciones internacionales por la actuación exterior de la Generalitat de Catalunya al margen de la política exterior que corresponde al Estado".
Frente a esos daños, añade la sala, "no son equiparables los que invoca la defensa procesal de la administración demandada", teniendo en cuenta que el Govern dispone, desde 1989, de oficinas de Acción Exterior, Comercio e Inversiones de Cataluña en Buenos Aires y Ciudad de México -dos de las tres sedes impugnadas-, que pueden seguir realizando las funciones que pretende la Generalitat.
Además, razona la sala, el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver un recurso promovido por el Gobierno frente a la Generalitat contra la aprobación del plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea impulsado por el Govern, que fue suspendido a raíz de esa impugnación.
En opinión del tribunal, la suspensión de la puesta en marcha de las nuevas delegaciones "resulta coherente" con la del plan estratégico también paralizado.
En un auto, la sala de lo contencioso del alto tribunal catalán estima la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores para suspender cautelarmente los decretos en los que la Generalitat aprobó la creación de esas tres nuevas delegaciones, cuyos representantes fueron nombrados por el Govern el mes pasado pese a estar impugnadas.
La sala razona que la puesta en marcha de esas nuevas delegaciones por parte del Departamento que dirige el republicano Alfred Bosch puede provocar "interferencias en la política exterior del Estado, perturbando su contenido, y confusión en terceros estados y organizaciones".
El Ministerio de Exteriores pidió también al TSJC que ordenara cautelarmente el cierre de otras delegaciones que la Generalitat ya tiene abiertas en Alemania, Suiza y Reino Unido, pero en una resolución del pasado mes de julio el alto tribunal catalán descartó paralizar provisionalmente su actividad.
El auto del TSJC recuerda que los decretos impugnados atribuyen a las nuevas delegaciones del Govern la función de promover y coordinar las "relaciones bilaterales" con los cuerpos consulares de otros países, algo que, añade la sala, podría entrar en contradicción con la doctrina constitucional que establece que esa es una competencia exclusiva del Estado.
Según el TSJC, no se puede ignorar la "dimensión política" que se atribuyen a las delegaciones en el extranjero tanto en los decretos impugnados como en las manifestaciones públicas de los responsables del Govern que, recuerda el auto, no han sido "desmentidas" por la Generalitat en su respuesta al recurso.
La sala estima las alegaciones formuladas por el ministerio que dirige Josep Borrell y concluye que el funcionamiento de las tres nuevas delegaciones podría provocar "interferencias en la política exterior del Estado, perturbando su contenido, y confusión en terceros estados y organizaciones internacionales sobre el alcance de la acción exterior del Govern".
El TSJC justifica las medidas cautelares adoptadas en que serían "difíciles de reparar" los "daños" que pudieran producirse como consecuencia de la "merma de la confianza ocasionada en las relaciones internacionales por la actuación exterior de la Generalitat de Catalunya al margen de la política exterior que corresponde al Estado".
Frente a esos daños, añade la sala, "no son equiparables los que invoca la defensa procesal de la administración demandada", teniendo en cuenta que el Govern dispone, desde 1989, de oficinas de Acción Exterior, Comercio e Inversiones de Cataluña en Buenos Aires y Ciudad de México -dos de las tres sedes impugnadas-, que pueden seguir realizando las funciones que pretende la Generalitat.
Además, razona la sala, el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver un recurso promovido por el Gobierno frente a la Generalitat contra la aprobación del plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea impulsado por el Govern, que fue suspendido a raíz de esa impugnación.
En opinión del tribunal, la suspensión de la puesta en marcha de las nuevas delegaciones "resulta coherente" con la del plan estratégico también paralizado.