17/06/2020
11:34 h.
El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha rechazado la sentencia 634/2020 del Tribunal Supremo que anula diversos preceptos de un decreto de la Generalitat Valenciana sobre el uso de las lenguas oficiales en la administración por "demostrar una animadversión ancestral" contra la lengua catalana.
Según el IEC, la sentencia del Supremo "demuestra una animadversión ancestral, por parte de alguna de las más altas instituciones estatales, contra la lengua compartida por, al menos, una cuarta parte de la población del Reino de España".
La institución ha reivindicado que "la justicia no puede ser ni ilógica, ni acientífica, ni incomprensible para los ciudadanos" y ha denunciado que la sentencia va "contra toda evidencia" de que "el valenciano y el catalán son la misma lengua, como reconoce la comunidad científica y el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias".
La sentencia del TS anula el precepto del decreto de la Generalitat Valenciana que permitía que las comunicaciones entre administraciones del "mismo ámbito lingüístico que el valenciano" se redactarán "solo en esta lengua" excepto cuando "lo solicite la persona interesada", caso en el que también se redactaría en castellano.
El TS, con su sentencia, anula este precepto y obliga a la Generalitat Valenciana a que sus comunicaciones con otras comunidades autónomas del mismo ámbito lingüístico (Baleares y Cataluña) estén también en castellano.
Por ello, el IEC ha explicado que "del mismo modo que nadie entendería que las relaciones bilaterales entre España y Argentina fuesen en cualquier otra lengua que no sea la castellana, impedir las relaciones entre administraciones territoriales en la lengua propia que comparten no es ni justo, ni práctico ni seguramente factible".
La institución considera que la sentencia comporta una "vulneración de derechos" y ha argumentado que las lenguas son "propiedad de toda la ciudadanía" y se deben "conservar, proteger y fomentar por encima de prejuicios ideológicos".
El IEC ha señalado que la sentencia hace "una interpretación restrictiva de las competencias de la Generalitat Valenciana", con la voluntad de "dejar condicionada a la Generalitat a redactar siempre los documentos en las dos lenguas, y por tanto considerar el valenciano como una lengua subsidiaria que no tiene plenos efectos por sí sola, cosa que sí se predica del castellano".
Para el instituto la actuación de la Generalitat Valenciana "es acorde a la Carta de las Lenguas Regionales y Minoritarias, firmada por España", que estipula en su artículo 7.1.b que las políticas lingüísticas deben "respetar el área geográfica de cada lengua regional o minoritaria, de manera que aseguren que las divisiones administrativas ya existentes o nuevas no constituyan ningún obstáculo a la promoción de esta lengua".
Según el IEC, la sentencia del Supremo "demuestra una animadversión ancestral, por parte de alguna de las más altas instituciones estatales, contra la lengua compartida por, al menos, una cuarta parte de la población del Reino de España".
La institución ha reivindicado que "la justicia no puede ser ni ilógica, ni acientífica, ni incomprensible para los ciudadanos" y ha denunciado que la sentencia va "contra toda evidencia" de que "el valenciano y el catalán son la misma lengua, como reconoce la comunidad científica y el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias".
La sentencia del TS anula el precepto del decreto de la Generalitat Valenciana que permitía que las comunicaciones entre administraciones del "mismo ámbito lingüístico que el valenciano" se redactarán "solo en esta lengua" excepto cuando "lo solicite la persona interesada", caso en el que también se redactaría en castellano.
El TS, con su sentencia, anula este precepto y obliga a la Generalitat Valenciana a que sus comunicaciones con otras comunidades autónomas del mismo ámbito lingüístico (Baleares y Cataluña) estén también en castellano.
Por ello, el IEC ha explicado que "del mismo modo que nadie entendería que las relaciones bilaterales entre España y Argentina fuesen en cualquier otra lengua que no sea la castellana, impedir las relaciones entre administraciones territoriales en la lengua propia que comparten no es ni justo, ni práctico ni seguramente factible".
La institución considera que la sentencia comporta una "vulneración de derechos" y ha argumentado que las lenguas son "propiedad de toda la ciudadanía" y se deben "conservar, proteger y fomentar por encima de prejuicios ideológicos".
El IEC ha señalado que la sentencia hace "una interpretación restrictiva de las competencias de la Generalitat Valenciana", con la voluntad de "dejar condicionada a la Generalitat a redactar siempre los documentos en las dos lenguas, y por tanto considerar el valenciano como una lengua subsidiaria que no tiene plenos efectos por sí sola, cosa que sí se predica del castellano".
Para el instituto la actuación de la Generalitat Valenciana "es acorde a la Carta de las Lenguas Regionales y Minoritarias, firmada por España", que estipula en su artículo 7.1.b que las políticas lingüísticas deben "respetar el área geográfica de cada lengua regional o minoritaria, de manera que aseguren que las divisiones administrativas ya existentes o nuevas no constituyan ningún obstáculo a la promoción de esta lengua".