jueves, 28 de marzo de 2024

LAS OFICINAS COMERCIALES EN EL EXTERIOR CUESTIONADAS

El PSOE pide a Herrera que explique la gestión en las oficinas comerciales exterior

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Javier Izquierdo, ha expresado sus dudas sobre la eficacia de al menos veintisiete oficinas comerciales en el exterior.

El Grupo Socialista quiere que el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, explique en las Cortes regionales el funcionamiento y coste que en los últimos años ha supuesto la gestión de las oficinas comerciales del Gobierno autonómico en el extranjero, especialmente en los años de la crisis.

El dinero público empleado "cuanto menos se ha tirado porque no ha habido ninguna explicación ni tampoco controles parlamentarios y de intervención", tan sólo una documentación recientemente remitida al Grupo Socialista por parte de la Junta de Castilla y León "que nos ha costado dos años y medio de trabajo".

De esta manera, el procurador y portavoz socialista de Economía en las Cortes regionales, Javier Izquierdo, ha expresado sus dudas sobre la eficacia del coste de al menos veintisiete oficinas comerciales en el exterior durante 2004 y 2012, que en la actualidad suman una quincena con un gasto de diez millones, de ellos 3,25 para alquiler.

"No conocemos el coste total hasta hoy, pero seguro que rondará los veinte millones" dentro de una política de internacionalización canalizada a través de la sociedad pública EXCAL y en la que, según ha explicado en una rueda de prensa, actuaron como mediadores otras empresas ajenas a la administración autonómica.

Izquierdo considera necesario una política de internacionalización comercial, de apoyo y asesoramiento a las empresas de Castilla y León en el exterior, pero discrepa del papel mediador asignado a empresas y no a funcionarios públicos, lo que ha catalogado como una "dejación de funciones".

Para el procurador socialista existe un "claro intento de opacidad y ocultación" por parte del Gobierno autonómico, no sólo en el envío de la documentación solicitada por el Grupo Socialista, sino también en la selección "poco transparente o justificada" de las empresas mediadoras.

Ha insinuado la posibilidad de que esas empresas estén vinculadas al entorno del PP, como en un caso sí se ha producido a su juicio con The Best of Spain, propiedad de José Luis Esteve, presidente de la Cámara de Comercio española en Miami y "amigo de José María Aznar", que recibió de las arcas autonómicas 2,3 millones entre 2006 y 2009 para promover una oficina en esa ciudad de Estados Unidos.

Entre 2009 y 2012, la delegación de Panamá costó 476.000 euros, a través de un contrato que Javier Izquierdo, citando al medio digital diario.es, ha atribuido a la sociedad Arranz Acinas Consultores, también para ayuda, cooperación y asesoramiento a las empresas castellanoleonesas.

Estas delegaciones comerciales, a las que siempre se ha referido como "embajadas", también permanecen o han permanecido según los casos en Sudamérica (Argentina, Chile, Nicaragua, Panamá y Perú), Europa (Bruselas y Varsovia) y Asia (China), entre otros lugares que ha referido a preguntas de los informadores.

"Se ha sacado dinero público a paladas hacia el exterior en los años más duros de la crisis, cuando más lo necesitaban nuestras empresas y los trabajadores", lo que a su juicio "aumenta la sombra de duda de la política de internacionalización llevada a cabo por la consejería de Economía y Empleo durante la etapa en que la dirigió el fallecido Tomás Villanueva (2003-2015), a quien se ha referido aunque sin mencionar su nombre de forma expresa.

Por todo ello, el portavoz socialista ha anunciado que "a la mayor brevedad posible" registrará una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para que la Mesa (órgano rector del parlamento), al amparo del artículo 148 del reglamento, obligue al presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, a explicar ante el pleno esta estrategia internacional de comercialización empresarial.

El portavoz socialista ha vuelto a recordar la participación de un hermano de Juan Vicente Herrera en la sociedad mediadora que gestionó en Panamá, hace varios años, el alquiler de un espacio de representación institucional con esos fines comerciales.

De momento, a la vista de los datos conocidos, el Grupo Socialista no tiene intención de llevarlos a un juzgado: "lo primero que nos interesa es la vía política, tiempo habrá después de valorar otros cauces", ha precisado en este punto. EFE