Domingo, 05 de abril de 2020

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN +34

Cantabria apoyará iniciativas parlamentarias para los cántabros presos en el exterior

El consejero de Presidencia y el director de la Fundación +34 abordan la situación de los cántabros que se encuentran en cárceles extranjeras
El consejero de Presidencia y el director de la Fundación +34 abordan la situación de los cántabros que se encuentran en cárceles extranjeras

El Gobierno de Cantabria planteará ayudas e impulsará iniciativas parlamentarias con el objetivo de mejorar la asistencia de los ciudadanos cántabros presos en cárceles extranjeras. Actualmente, ocho ciudadanos cántabros permanecen encarcelados oficialmente en el extranjero, a los que habría que añadir cuatro más que no quieren que se comunique la situación penal a sus familiares.

Estos datos los ha hecho públicos hoy el director de la Fundación +34, Javier Casado, que se ha reunido con el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, con el fin de estudiar medidas y acciones en apoyo a los cántabros que viven en el exterior y, específicamente, para aquellos en situación de desamparo y que se encuentran encarcelados en centros penitenciarios en otros países.

De la Sierra ha indicado que Cantabria tiene interés y “quiere comenzar a dar pasos” para mejorar la respuesta institucional a estos ciudadanos, un problema que corresponde “en una parte importante” al Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, pero que la Comunidad Autónoma también puede complementar dentro de sus competencias de asistencia y protección a sus ciudadanos en el exterior

Por eso, el consejero de Presidencia se ha comprometido, al igual que han hecho recientemente otras autonomías como Castilla y León y Aragón, a impulsar ayudas e iniciativas en el Parlamento regional para implicar a la Comunidad e incrementar el apoyo a los ciudadanos cántabros que se encuentran encarcelados sin garantías, sin una mínima alimentación o asistencia sanitaria.

A su juicio, se trata de un “tema importante” y en el que es conveniente la unanimidad de los grupos parlamentarios. “Si en otros sitios se ha conseguido, en Cantabria también estamos en las mejores condiciones para llevarlo adelante”, ha indicado el consejero, quien ha asegurado que lo trasladará a los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria.

DOCE CÁNTABROS

Por su parte, el director de la Fundación +34, Javier Casado, ha informado que en la actualidad hay 1.521 presos españoles en cárceles extranjeras, de los cuales 8 son cántabros. Asimismo, otros cuatro ciudadanos de la región se encuentran encarcelados, si bien no quieren informar de esta situación penal a sus familiares, acogiéndose a la Ley de Protección de Datos.

De los ocho cántabros que constan oficialmente, dos se encuentran en cárceles de Perú; dos en República Dominicana; uno en Colombia; uno en Ecuador, otro en Portugal y uno más en Alemania.

El director de la Fundación ha defendido la importancia de que las comunidades autónomas impulsen ayudas adicionales para estas personas que se encuentran en penales del extranjero, donde se “vulneran derechos humanos”, tal y como ha reflejado en sus informes el Defensor del Pueblo, ha afirmado.

Ha planteado por ello aumentar la ayuda humanitaria y facilitar que estas personas cumplan sus condenas en cárceles de España, “donde la vida es un derecho y no una suerte”. Según ha informado, un total de 70 ciudadanos españoles han fallecido en cárceles del extranjero en los últimos cuatro años.

La mayoría de los ciudadanos españoles están condenados por tráfico y tenencia de drogas, personas que caen en las redes del narcotráfico por su mala situación económica en la mayoría de los casos. De hecho, debido a la crisis económica, desde 2008 han salido de España unos 766.000 españoles, en busca de mejores expectativas laborales, ha informado Casado.

La Fundación +34 está constituida legalmente desde hace dos años, si bien llevan trabajando hace cuatro años en la asistencia a personas con especiales dificultades en países extranjeros, y específicamente, aquellas que se encuentran en situación de privación de libertad cumpliendo condenas. Cuentan con más de 100 voluntarios por todo el mundo y se financian por aportaciones privadas. En el último tiempo cuentan con apoyo de algunas instituciones públicas, vía convenio, como es el caso de Castilla y León.