El Gobierno autonómico -por medio de su Vicepresidente, D. Arturo Aliaga- ha contestado que ya se han cumplido cuatro trámites administrativos de rigor, "estando próxima la recepción del informe de los Servicios Jurídicos, por lo que únicamente sería necesario el del Consejo Consultivo". Una vez concluido ese paso -sigue diciendo la respuesta oficial - "se aprobaría por el Consejo de Gobierno el proyecto de ley y se daría traslado a las Cortes de Aragón".
En la respuesta se afirma también que en dicho trámite no se demorará más de un mes. Luego, ha de continuar la pertinente tramitación parlamentaria que, si cuenta con los apoyos necesarios, el proyecto se convertiría en Ley antes del fin de 2022.
Por último, cabe recordar que el citado texto normativo constituirá un avance significativo en materia de derechos y prestaciones para el conjunto de la diáspora aragonesa residente tanto en otras Comunidades Autónomas como en el extranjero.
El Colectivo Emigrante Aragonés (C.E.A.) ha manifestado su apoyo a todo este proceso normativo y agradece todo el trabajo realizado hasta el momento por parte del Gobierno aragonés y por haber incluído también las aportaciones remitidas por dicho colectivo social durante el proceso de participación ciudadana
NOTA: Adjuntamos al presente el escrito de respuesta parlamentaria que ha recibido el Diputado Álvaro Sanz.