La Mesa de las Cortes de Aragón ha dado luz verde a una iniciativa ciudadana relativa al robos de bebés durante la dictadura franquista presentada por el Colectivo Emigrante Aragonés (C.E.A.). Se trata de una propuesta de Proposición no de Ley para instar “al Congreso de los Diputados de España, así como también al Gobierno central, a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español (122/000039) hasta su aprobación final”.
Así lo informaban las Cortes aragonesas por medio de una nota de prensa publicada en su sitio Web cuyo enlace es el siguiente:
Ni bien ha sido calificada por la Mesa de las Cortes, el Diputado Álvaro Sanz (Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón) comunicó a las autoridades de la Cámara autonómica su decisión de asumir como propia y defender en las Cortes la citada iniciativa.
Como señala el C.E.A. en la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión, la importancia de esta Proposición de Ley reside en la gravedad que alcanzan los crímenes de robo de bebés en España, que han ocurrido en un espacio temporal de más de 50 años y se extiende por todo el territorio español. Por ello, dicha Proposición de Ley tiene como objetivo garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a las víctimas del delito de robo de bebés durante el franquismo, como crimen de lesa humanidad.
El coordinador del C.E.A., José Luis Martínez, ha manifestado su especial agradecimiento al Diputado Álvaro Sanz por el apoyo brindado a la iniciativa para que la misma pueda seguir su recorrido parlamentario en las Cortes de Aragón.
Finalmente, cabe recordar que el término “bebés robados” engloba a los miles de niños y niñas, hoy adultas, que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad en España a lo largo de varias décadas. La sustracción ilegal de menores tuvo múltiples escenarios: centros penitenciarios, hospitales, maternidades y centros de beneficiencia gestionados por congregaciones religiosas sin adecuada supervisión del Estado.