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El Gobierno ha justificado la disminución del número de beneficiarios españoles de una prestación por razón de necesidad a la mejora de las condiciones de vida de los mismos o del país en que residen. Así consta en una respuesta a una pregunta formulada en el Congreso por la diputada del PP, Belén do Campo Piñeiro, quien mostró su preocupación porque esta disminución suponga ya un 25,4% desde el año 2007 y criticó la constante pérdida de poder adquisitivo de nuestros emigrantes más necesitados.

Do Campo expuso en su pregunta parlamentaria que el Gobierno había disminuido drásticamente el número de emigrantes que reciben prestaciones por razón de necesidad, que según sus datos ha pasado de los casi 52.000 perceptores en el año 2007 hasta los 38.850 registrados en 2010. Los populares denuncian que la congelación de los índices de cálculo de la pensión ha traído consigo que haya menos beneficiarios y una rebaja en el poder adquisitivo de los que la reciben. El Gobierno niega que haya recortado el dinero destinado a nuestros emigrantes y asegura que esta partida se ha mantenido en todos los ejercicios, pero lo cierto es que la cuantía presupuestada en 2011 para atender estas ayudas ha pasado de 100 millones de euros a 88.

Belén do Campo entiende que 'esta disminución supone que muchos mayores de 65 años no podrán acogerse a la prestación por razón de necesidad, que sirve para garantizar un mínimo de subsistencia para aquellos que carecen de recursos y viven en países donde los sistemas público de protección social no cubren las necesidades básicas'.

Los populares ven esencial que se mantengan las prestaciones por razón de necesidad para los emigrantes, ya que con un complemento de los ingresos de los beneficiarios que se establece hasta alcanzar el límite máximo establecido para cada país. Su cuantía, por tanto, es la diferencia entre ese límite y los ingresos del beneficiario, o de la unidad familiar.

En su respuesta a la diputada Belén do Campo, el Gobierno señala que la disminución del número de beneficiarios no está motivada por la bajada de la cuantía presupuestada para atender la prestación, sino que hay que buscarla 'en la mejora de las condiciones de vida de sus posibles beneficiarios, pues esta prestación es un complemento de los ingresos hasta alcanzar el límite máximo establecido para cada país, de forma que si las condiciones económicas de la familia o del país mejoran, se hará menos necesaria esta prestación'.

Belén Do Campo ha criticado duramente al Gobierno por esta respuesta, que califica de 'impresentable' y considera 'una desvergüenza', ya que, en su opinión, 'lo único que pretende es avalar lo que no es más que un recorte de las ayudas al exterior, ya que no se están revisando los índices de cálculo para otorgar las prestaciones y esto –insiste- supone de facto una depreciación del poder adquisitivo de los beneficiarios que siguen siendo perceptores'.

El Gobierno afirma en su respuesta no tener constancia de las alegaciones de desamparo que se han producido entre el colectivo de españoles emigrantes mayores de 65 años, por lo que la diputada popular señala que muchos se han dirigido a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas solicitando ayudas asistenciales. 'Y mientras esto sucede, el Gobierno va haciendo declaraciones a la sociedad española de que nuestros ciudadanos en el exterior reciben prestaciones que les garantizan una vida digna', lamenta Do Campo.

La diputada popular se refirió concretamente a unas manifestaciones realizadas por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, y la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, que afirmaron que se iba a mantener el nivel de las prestaciones, que ningún mayor de 65 años se quedaría sin su pensión, que la política social para los que residen fuera estaba blindada y que todos los españoles residentes en el exterior necesitados de una prestación para poder llevar una vida digna y un poder adquisitivo que se lo garantice la iban a tener.