Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón aplaudieron el trabajo realizado por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente durante 2008, periodo en el que tramitó más de 2.000 asuntos. García Vicente compareció este jueves ante el Pleno, donde presentó el informe de la institución correspondiente a 2008 y solicitó que se refuerce la normativa que regula el Justiciazgo.
Fernando García Vicente, Justicia de Aragón.
En una sesión monográfica del Pleno parlamentario, García Vicente comentó que el año pasado se tramitaron 2.002 asuntos, la mayoría presentados por ciudadanos residentes en Zaragoza. El Justicia comentó que los ciudadanos demandan mejoras en el servicio de urgencias del Hospital General Royo Villanova y alertó de la falta de especialistas en Calatayud y Barbastro, en un contexto en el que 'faltan más médicos', de ahí que la institución haya solicitado el aumento del número de plazas de alumnos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.
Fernando García Vicente afirmó que es preciso primar, en la prestación de los servicios sociales, las solicitudes de asistencia domiciliaria. Asimismo, alertó de que la crisis afecta 'de forma considerable' a las personas en situación de pobreza. Comentó que la Hermandad del Refugio de Zaragoza entrega alimentos gratis a 700 familias semanalmente, tras lo que urgió al Gobierno autónomo a pagar a la institución las cantidades comprometidas.
El Justicia celebró la contribución de la institución a la difusión de las convocatorias públicas de selección de personal y aprovechó para indicar que en algunas oposiciones se valora 'excesivamente' el hecho de haber trabajado ya para la Administración de forma eventual.
En el área de Medio Ambiente, continuó García Vicente, la institución ha contribuido a resolver el conflicto suscitado por el cierre de la piscifactoría de la localidad de Aliaga.
En vivienda, en lo que va de año, se ha duplicado el número de quejas, cuyo contenido ha cambiado a causa de la crisis, ya que antes las quejas las presentaban personas que no podían acceder a la vivienda y ahora son personas que están 'enganchadas' en una cooperativa y no pueden dejar de hacerlo hasta que no encuentren otra persona que les sustituya.
El número de quejas relativas al urbanismo ha descendido, dijo García Vicente, quien lamentó que en el 40 por ciento de los casos sobre los que el Justicia pide información, la Administración afectada no contesta, y aprovechó para proponer que todos los municipios dispongan de su propio planeamiento urbanístico.
Fernando García Vicente aludió al Estatuto de Autonomía, que en 2008 cumplió su primer año completo de vigencia tras la última reforma, y señaló que se produce 'cierta preocupación' entre los ciudadanos en lo relativo al distinto tratamiento a Aragón respecto de otras comunidades, por ejemplo, que 'en Andalucía o Cataluña estén regulando su agua y aquí no tengamos posibilidad'.
El Justicia tramitó 2.002 quejas ciudadanas en 2008, un 3,3 por ciento más que en 2007, de las que la mayoría (1.537) provenían de residentes en Zaragoza, 197 de Huesca y 121 de Teruel. Los expedientes de oficio ascendieron a 100.
El área de Educación recibió el año pasado 212 quejas, seguida de Sanidad (174), Interior (160) y Asistencia Social (155). El titular de la institución se pronunció sobre temas como el proceso de admisión de alumnos en la Educación no universitaria; la falta de plazas de guardería; el transporte escolar en el medio rural y el mantenimiento de los estudios de primer ciclo de ESO en los municipios turolenses de Cuevas de Cañart, Argente y Castellote.
En Sanidad, el Justicia trabajó sobre temas como las listas de espera del servicio de Traumatología en el Centro Grande Covián; la asistencia en el medio rural; el transporte sanitario urgente en Sobrarbe y Ribagorza; el servicio de radioterapia en el Hospital Clínico y otros.
En temas de Interior, se abordaron temas como los cruces peligrosos; la señalización vial; la inseguridad en la calle Conde Aranda de Zaragoza y alrededores o la concentración de tribus urbanas en determinados puntos de Zaragoza.
Respecto a los servicios públicos, algunos temas de atención del Justicia fueron la limpieza de parques y calles; la telefonía móvil y fija; el AVE; la línea ferroviaria Teruel-Zaragoza; la línea Zaragoza-Monzón, mientras que en Asistencia Social, los asuntos en los que trabajó el Justicia fueron, entre otros, la Ley de Atención a la Dependencia; las listas de espera en la ayuda a domicilio y la demanda de plazas en residencias públicas.
En cuanto al Medio Ambiente, se presentaron quejas en asuntos como el dragado del Ebro; los daños causados por animales a terrenos cultivados; las barreras anti-aludes; los ruidos ocasionados por bares e industrias o el funcionamiento de la planta de co-generación de Aliaga (Teruel).
Fernando García Vicente se centró también sobre asuntos relacionados con la función pública, por ejemplo la selección de los miembros de tribunales de oposición; la publicidad sobre la contratación de personal eventual de las Administraciones o las oposiciones al Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.
En temas de Urbanismo, el Justicia abordó la falta de planeamiento urbanístico en municipios; las declaraciones de ruina, mientras que en temas de vivienda, se dedicó a asuntos como la adjudicación de viviendas de protección oficial.
Del total de quejas tramitadas en 2008, 514 atañen a la Administración local y 668 afectaban al Gobierno autónomo, mientras que 131 eran relativas a la Administración del Estado. El resto afectan al Defensor del Pueblo, los colegios profesionales o empresas privadas que prestan servicios.
El Justicia dictó un total de 270 resoluciones dirigidas a la Administración, de las que fueron aceptadas el 78 por ciento (173), se rechazó el 12 por ciento (28) y se archivaron por falta de respuesta 60.
La socialista Ana Cristina Vera dijo que el informe del Justicia es un 'estímulo' para mejorar el funcionamiento de las Administraciones. Vera aludió al aumento de quejas presentadas por medios electrónicos y el incremento del número de visitas al sitio web oficial del Justiciazgo.
La regionalista Ana de Salas consideró que el Justicia es 'garante' del buen funcionamiento de las Administraciones públicas y subrayó 'la efectividad' de la institución, al comentar que se solventaron dos quejas diarias durante 2008. De Salas estimó que es de gran importancia la función de defensa del Estatuto de Autonomía atribuida al Justicia de Aragón y abogó por exigir el cumplimiento del Estatuto, por ejemplo en lo relativo al pago de la deuda tributaria o la ejecución por parte de la Administración autónoma de obras de titularidad estatal.
La popular Carmen Pobo subrayó que Sanidad, Educación, Interior y Asistencia Social son las materias que más quejas han motivado, tras lo que opinó que García Vicente 'tiene suerte' porque también el PP hace propuestas al Gobierno autónomo a lo largo del año 'y se nos aceptan muy poquitas'. Pobo aprovechó para tildar de 'lamentable' la situación del servicio ferroviario Teruel-Zaragoza y opinó que ello sitúa a los turolenses como 'ciudadanos de segunda'.
El diputado de CHA, Bizén Fuster, recordó que la institución del Justicia nació en el siglo XIII. En su intervención, Fuster lamentó el elevado número de quejas del Justicia no respondidas por los titulares de las distintas Administraciones, lo que consideró 'inaceptable'. El parlamentario de CHA rechazó el federalismo asimétrico.
El diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, aludió a los nuevos derechos ciudadanos recogidos por el Estatuto de Autonomía y opinó que 'la ciudadanía agradecería y mucho' que la institución se interesara por estos nuevos derechos, por ejemplo los relativos a la participación.
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