Más de 26.000 personas han obtenido ya la nacionalidad española por la Ley de Memoria Histórica, en las Embajadas y Consulados de España en otros países y se calcula que cuando finalice el plazo fijado para presentar solicitud, en diciembre de 2010, se contarán entre 250.000 y 300.000 nuevos españoles en el mundo.
Agustín Torres, Consuelo Rumí y Francisco Ruiz, en la presidencia del Consejo.
Según explicó hoy el secretario de Estado para Asuntos Consulares y Migratorios, Francisco Javier Elorza, desde que la medida entrara en vigor el 29 de diciembre de 2008 y hasta el 31 de mayo de este año, las delegaciones consulares han tramitado unos 67.000 expedientes de los que más de 26.000 se han aprobado.
Hasta el momento, 2.180 de estas solicitudes han sido denegadas, mientras que el resto siguen en tramitación. Elorza apuntó en este sentido que la causa más frecuente de denegación es tener ascendientes originarios españoles que emigraron antes de la Guerra Civil, por lo que 'no se les presuponen motivos de persecución' que conviertan a sus descendientes en beneficiarios de la Ley de Memoria Histórica.
Del grueso de solicitudes, el 87 por ciento corresponden a hijos de españoles exiliados, mientras que el 13 por ciento restante, son solicitudes de nietos de estos emigrantes, conforme explicó Elorza. El grueso de las solicitudes se han poresentado en Cuba, Argentina, Uruguay, México y Benezuela, ya que 'el 96 por ciento de la emigración española en esa época fue a países de Latinoamérica'.
No obstante, estos son los consulados que registran una mayor actividad, porque si bien se ha implantado un sistema de cita previa que reparte la atención a los beneficiarios a lo largo de los dos años de aplicación de la ley, en lugares como Cuba, el periodo ya está copado. En concreto, allí recibirán a 325 solicitantes cada día hasta el 29 de diciembre de 2010.
Elorza señaló que si bien 'no ha habido presión en los consulados' porque este sistema de organización por cita previa 'funciona muy bien', la demanda en ciertos lugares hace prever la necesidad de una ampliación del plazo, por lo menos a un año, especialmente en Cuba, Argentina y México.
De media, se atiende a unos 13.000 solicitantes cada mes, la mayor parte de los cuales se encuentra en estos países, y hasta el 31 de mayo se habían concedido en total 150.000 citas en consulados y embajadas de todo el mundo, lo que hace prever que al ritmo actual y atendiendo al bajo porcentaje de denegaciones, sean entre 250.000 y 300.000 las personas que cuenten con un nuevo pasaporte español a finales del próximo año.
Estas previsiones no se corresponden con las publicadas cuando se implantó la ley, ya que, según reconoció Elorza, Asuntos Exteriores 'iba a ciegas' en este asunto porque no se disponía de datos sobre españoles emigrados en muchos países, de modo que calcular su descendencia se convertía en incalculable. Un estudio realizado por una Universidad Argentina a petición de España calculó que sólo en aquel país serían medio millón de personas, algo que no se corresponde con la progresión actual, señaló Elorza.
Elorza hizo estas declaraciones a los medios tras la presentación cel III Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del que es vicepresidente junto a la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, también presente en el acto, quien afirmó que 'no se han producido incidencias' en el tráfico de españoles que hagan suponer un impacto de la crisis económica en las migraciones.
Así, explicó que si bien en 2008 retornaron a España unos 40.000 ciudadanos emigrados, se trata de una cifra que se ha mantenido más o menos estable durante los últimos años y supone 'un volumen de peticiones importante, pero dentro de las previsiones'.
En este sentido, se refirió al registro de la Oficina Española del Retorno, que recibió entre enero y mayo de este año un total de 881 consultas de ciudadanos relativas a la vuelta a España. En 2008, el total de consultas ascendió a 2.047, y se espera una cifra superior al cierre de este ejercicio, pues la media mensual de peticiones pasó de 146 en 2007 a las actuales 176.
Por otra parte, Rumí se refirió al funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior e incidió en que éste y el resto de organismos de participación deben 'abrirse' a los jóvenes de una forma 'decidida', ya que ellos también son parte de la colonia española en el exterior, porque más de la mitad de la misma está compuesta por descendientes.
#3 Comentario de: Catalina Carmen Aulet Garcia 
Sra. Consuelo Rumi
Con mucho respeto espero que reciba esta queja. Pertenezco a los llamados niñoa de la guerra, llegué a Chile en el barco Winnipeg en Sept. de 1939, me casé en Chile y tuve 4 hijos, quisiera saber porque ellos teniendo la nacionalidad española dada por mi, no pueden inscribir a mis nietos como españoles, ya que según entiendo la ley de la Memoria Histórica nos favorece, sin embargo en el Consulado general de España en Chile nos dicen que no tenemos derecho. Quisiera saber porque ésta discriminación, necesito su ayuda URGENTE, para poder saber que hago, ya que mis nietos estaban esperando anciosos esta ley.
Un afectuoso saludo y gracias por darse la molestia de poder escuchar mi solicitud.
CATALINA CARMEN AULET GARCIA
carmenaulet@hotmail.com
#2 Comentario de: Amadeo Calzada
Este problema de la nacionalidad, ha sido un quebradero de cabeza para todos los Consejeros del Mundo que hemos siempre estimado que el Gobierno no aplicaba la disposición de la Ley de la Memoria Histórica como debería, pues ha llegado a determinar el año 1955 como tope máximo de reconocimiento del exilio cuando este termino oficialmente con la aprobación de la Constitución española en 1978 y de una forma formal ( en Francia) en junio del 1979 segun los documentos probatorios enviados al efecto.
#1 Comentario de: Amadeo Calzada
Este problema de la nacionalidad, ha sido un quebradero de cabeza para todos los Consejeros del Mundo que hemos siempre estimado que el Gobierno no aplicaba la disposición de la Ley de la Memoria Histórica como debería, pues ha llegado a determinar el año 1955 como tope máximo de reconocimiento del exilio cuando este termino oficialmente con la aprobación de la Constitución española en 1978 y de una forma formal ( en Francia) en junio del 1979 segun los documentos probatorios enviados al efecto.
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