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El PPdeG insistió en la necesidad de reformar la Ley de Costas de 1988 para paliar las ‘brutales injusticias’ que se derivan de su aplicación y, entre otras propuestas, defendió que cuando el Estado se incaute de cualquier propiedad situada en la costa en el marco de los expedientes de deslinde de dominio público, asuma ‘automáticamente’ las hipotecas y demás cargas financieras que pesen sobre estos inmuebles en el caso de que sus propietarios decidan hacer uso de la concesión de treinta años que prevé la normativa.

Paralelamente, la proposición de ley del PPdeG pretende que si los titulares de las viviendas incautadas renuncian a este derecho de ocupación, reciban del Estado un bien de características similares en un radio de dos kilómetros o una indemnización equivalente al precio de mercado.

‘Nosotros sí queremos soluciones, sí nos ocupamos de este terrible problema de la Galicia costera’, proclamó el portavoz popular en el Parlamento autonómico, Manuel Ruiz Rivas, que presentó esta propuesta legislativa acompañada de los diputados Pilar Rojo y Enrique López Veiga.

Después de criticar que el Gobierno gallego lleve ‘mucho tiempo sin hacer nada’ en este tema, instó a los socios de la Xunta --PSdeG y BNG-a que abandonen su ‘soberbia’ y se sumen a esta iniciativa que, de aprobarse en la Cámara gallega, deberá ser trasladada al Congreso de los Diputados.

MINIMIZAR PREJUICIOS

Los populares creen necesario minimizar los ‘prejuicios’ que la aplicación de la Ley de Costas ocasionará a ‘cientos de propietarios’ y subrayan que esta normativa implicará a inmuebles construidos con anterioridad a la fecha de su aprobación. ‘Incluso hay viviendas de más de cien años’, exclamó López Veiga.

Según explicó Ruiz Rivas, una de las principales carencias de la Ley de Costas del Estado reside en que no reconoce los núcleos rurales tradicionales, un fenómeno que el Partido Popular erige en ‘netamente gallego’ y para el que pide un ‘reconocimiento explícito’ en la ley estatal.

También denunció que la actual normativa es ‘implacable’ con las construcciones situadas en terrenos que no tuviesen la consideración de urbanos o equiparables cuando entró en vigor la Ley de Costas. Al respecto, el PPdeG invoca el ‘realismo político’ para modificar la norma de forma que se tenga en cuenta la situación registral y de los servicios urbanísticos de la Galicia de 1988.