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El secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción (CPAR), Juan Ramón Liébano, acusó al presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, de cometer 'el mayor fraude urbanístico' en el Monte el Corvo. Además, anunció una 'batalla judicial intensa' para frenar la construcción de la Ecociudad.

Imagen de Monte el Corvo, en Logroño.

Liébano ofreció una rueda de prensa el mismo día en que el Boletín Oficial de La Rioja publica la calificación de interés regional de los terrenos de el Monte el Corvo, en los que el Ejecutivo regional planea la construcción de 3.000 viviendas en un proyecto denominado Ecociudad.

El responsable de la Asociación de Constructores advirtió de que este es el primer paso de una serie de 'ilegalidades' que el presidente riojano tiene previsto cometer para poder construir las viviendas en, señaló, 'terreno rústico protegido'.

Así, aseguró que, en un uso 'fraudulento de la legislación para beneficiar a sus amigos', va a modificar la ley 'para no necesitar ni licencia municipal ni valoración de impacto ambiental'. 'Si algo o alguien se interpone en el camino del presidente, lo que hace es modificar la legislación', afirmó.

Para explicarlo, Liébano invitó a comparar este situación con el hecho de que el presidente del Gobierno central, Jose Luis Rodríguez Zapatero, modificara de urgencia la Ley de Impuesto de Sucesiones para evitar tener que pagar a Hacienda por una herencia que acaba de recibir.

Añadió a esto que un proyecto que 'pretende ser ejemplo de urbanismo medioambiental no necesitará evaluación de impacto, porque el presidente no quiere pasar el examen, aunque la ley se lo exija'.

Para lograrlo, explicó que la 'maniobra' se va a desarrollar derogando una disposición de la LOTUR que establece la necesidad de que las zonas de interés regional se sometan a la evaluación de impacto ambiental, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Gobierno de La Rioja para el año 2009.

Además, añadió, en el borrador de esta ley se prevé la introducción de un nuevo apartado en la Ley de Patrimonio Forestal en el que se exime a la Comunidad de la obligación de solicitar licencias municipales de obras para los proyectos que se ejecuten sobre montes de utilidad pública.