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Así lo expuso hoy el conseller insular de Política Territorial y presidente del ente, Joan Marqués, que presidió por primera vez una reunión de la junta de gobierno del consorcio, al frente del cual recientemente ha sustituido a Marc Pons, ahora presidente del Consell Insular de Menorca.

Vista de Menorca.

De los 191 expedientes abiertos por el consorcio, 80 ya han sido resueltos por la junta de gobierno por lo que se procederá a sancionar a los propietarios de los terrenos expedientados.

A parte de las multas correspondientes, en 11 de las 80 resoluciones aprobadas, se obliga a los propietarios a restituir a su estado original sus actuaciones ilegales sobre el suelo. Esto significará que estos propietarios tendrán que demoler total o parcialmente construcciones edificadas en estos sitios.

Marqués no quiso precisar la localización de estos 11 expedientes, los de más gravedad al tener los propietarios que restituir el estado original de los terrenos. El conseller argumentó que como Consorcio 'no pueden recrearse en la realidad personal' de los afectados por las sanciones o demoliciones.

El Consorcio también trató en su reunión de esta mañana una de las demoliciones más importantes y también polémicas que ha dictaminado nunca. El ente ha rechazado el recurso presentado por el propietario de una chalet en Binifadet, Sant Lluís, que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictaminó que se había construido con una licencia ilegal.

La decisión de rechazar el recurso significa que éste propietario tendrá que derribar el chalet y restituir los terrenos en su forma original, es decir, tal y como los encontró antes de construirlo.

ALEGRÍA POR CIUTADELLA

En el Consorcio participan el Consell Insular de Menorca y siete de los ocho ayuntamientos de la isla. Hasta la fecha el equipo de gobierno de Ciutadella siempre ha rechazado la posibilidad de formar parte del ente.