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La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a dos personas en relación a una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia, según han informado fuentes de la investigación del caso, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

Efectivos de la Guardia Civil registran este mediodía las dependencias del Ayuntamiento de Sant Josep, acción relacionada con la gestión del ex arquitecto municipal Antoni Huerta, imputado por varios delitos ya que, al parecer, adjudicaba a su nuera los proyectos de envergadura que tramitaba su departamento, entre ellos los de varias urbanizaciones.

Huertas fue el arquitecto del consistorio con el anterior equipo de gobierno del PP, que tras las elecciones municipales del pasado año perdió la alcaldía de la ciudad, que ahora ostenta el PSOE. Huerta presentó su dimisión en diciembre de 2006 ante el entonces alcalde popular, José Serra Escandell.

Los detenidos, según las mismas fuentes, son el hijo del ex arquitecto municipal y su nuera, la también arquitecta Pilar Fernández.

Además de en el Ayuntamiento, los agentes de la Guardia Civil desplazados desde Palma están llevando a cabo registros por este caso en otros despachos y pisos de la Ibiza.

El actual concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, ha declarado a los periodistas a las puertas del consistorio que en el actual equipo de gobierno están ‘satisfechos’ del registro que practica en estos momentos la Guardia Civil y que, ha dicho, podría alargarse ‘más allá de las diez de la noche’.

El concejal se ha puesto a disposición de la Guardia Civil y ha recordado que el ayuntamiento también está personado en la causa abierta contra el ex arquitecto municipal.

Prats ha asegurado que el personal del consistorio está colaborando con los miembros de la Guardia Civil, que han llegado al consistorio con una lista de proyectos relacionados con el arquitecto y con su nuera, quien presuntamente firmaba la redacción de los proyectos que su suegro autorizaba.

Se trata de proyectos de gran envergadura que se llevaban a cabo en las zonas de Cala Molí, Cala Vadella y Cala Carbó.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares también está personado en la causa abierta contra Huerta y, de hecho, autorizó la grabación de un vídeo en el que unos falsos promotores contratan los servicios del arquitecto municipal, que se ofrecía a tramitarlos informando favorablemente.