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El Instructor encargado de elaborar el informe disciplinario sobre la actuación del titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, ha concluido que el magistrado debe ser sancionado por cometer una 'falta grave'.

Los padres de Mari Luz en una imagen de archivo.

Esta falta, por no ejecutar una sentencia condenatoria contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, está penada únicamente con sanciones económicas, que no superarán los 3.000 euros, y no con la retirada de su cargo como solicitaba la familia de la menor, cuyo padre calificaba ayer esta decisión de 'burla a la justicia'. También el Fiscal se mostró contrario a la sanción, y reconoció que el instructor debió juzgar al magistrado por una 'falta muy grave'.

Ahora el turno es del CGPJ,q ue será quien atienda finalmente al informe del Instructor, elaborado por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, y decida si su decisión es la acertada. De aceptar el informe, el juez Tirado tan solo sería amonestado con sanciones económicas de entre 300 y 3.000 euros por la tardanza en la ejecución de una sentencia contra Del Valle por un caso anterior de malos tratos por el que se le condenó a dos años de cárcel, ya que Olea ha determinado que la actuación de Tirado es una 'falta grave'.

Esta decisión no ha sentado bien a la Fiscalía que, a su juicio, debería elevarse su calificación de los hechos considerando que el juez incurrió en una falta 'muy grave' por la que podría ser sancionado con 'la suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o separación de conformidad con lo dispuesto en el art. 420.2 LOPJ', es decir, la separación de la carrera judicial. De este modo, tras analizar los hechos, el Fiscal constata que, 'tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente Auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el Juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años, ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión'.