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   La central nuclear de Garoña, que es propiedad de Nuclenor, empresa formada por Iberdrola y Endesa al 50 por ciento, tiene una actividad contaminante y peligrosa. Así se desprende de la petición que ha realizado la central sindical de Comisiones Obreras al Gobierno regional para que negocie un calendario de cierre de dicha central.

Central nuclear de Garoña.

   CC.OO., a través de un comunicado, apuntó que considera positivo cerrar con carácter inmediato la central de Garoña (Burgos) y plantear un calendario de cierre para las restantes. El cierre de las centrales más antiguas es una exigencia de numerosas organizaciones sociales desde hace tiempo.

   'Ahora es el Gobierno quien debe a su vez pronunciarse en este sentido'. CC.OO exige que inicie un plan de cierre negociando con todos los agentes sociales y ambientales. Este calendario podría adelantar el cierre de todas las nucleares a fechas más cercanas a la del 2015 teniendo en cuenta el excedente de potencia eléctrica instalada en nuestro país y las buenas perspectivas de desarrollo de las energías renovables.

   Esta decisión depende también de la voluntad política en poner en marcha un conjunto de medidas de choque para introducir sistemas de ahorro energético tanto en el sector de viviendas y servicios como en industrias, así como en el desarrollo e implantación más acelerada de energías renovables, especialmente a partir del aprovechamiento de la biomasa y de la fotovoltaica y solar termoeléctrica.

   Estas cuestiones deberían ser objetivo de un gran debate social y de una negociación con los sindicatos sobre las cuestiones sociales. Para CC.OO. es 'imprescindible que el cierre de las nucleares se haga paralelamente a la puesta en marcha de un plan social que mantenga todos los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos e inducidos'. Ello debería conllevar la puesta en marcha de planes de desarrollo económico alternativos en las zonas donde se sitúan estas instalaciones en los que intervengan tanto los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Ministerio de Industria y Energía como las empresas eléctricas, los sindicatos y otras organizaciones sociales.