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La Armada condenó al cabo Jorge Miguel Gago Chao a cumplir una pena de prisión que oscila entre un mes y un día y dos meses de prisión en penal militar, como resultado del expediente disciplinario abierto tras sus declaraciones en los medios de comunicación. En ellas, aseguró que el siniestro de la Fragata 'Extremadura', en diciembre de 2005 y en el que fallecieron dos militares, fue debido a una gestión 'negligente'.

La sanción, según explicaron miembros de la familia del cabo, culmina el expediente abierto este año por la Armada al cabo Gago por haber hecho reclamaciones, peticiones o manifestaciones 'contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas' a través de los medios de comunicación social o con carácter colectivo.

Según las fuentes consultadas, Jorge Miguel Gago Chao fue llamado por el capitán instructor del expediente para que se presentase entre las 12.30 horas y las 13.00 horas en la asesoría jurídica del Arsenal Militar de Ferrol, en la que se le comunicó la sanción de prisión que se le impone.

Antes de que transcurran cinco días, el tiempo máximo establecido en el expediente, la abogada del cabo Gago presentará alegaciones a la sanción impuesta. Una vez que la Armada decida sobre las alegaciones, se le comunicará de forma definitiva la pena que deberá cumplir.

PRISION MILITAR DE ROTA

En caso de que se confirme la pena de prisión, el cabo Gago ingresaría en el centro penitenciario militar de Rota, ya que está destinado al OAP (Organo de Apoyo al Personal) de Cádiz Rota, aunque en la actualidad se encuentra de baja por depresión y ansiedad, como consecuencia de las secuelas psicológicas sufridas tras el accidente.

El cabo Gago afirmó este año en distintos medios de comunicación que el fallecimiento de sus dos compañeros Francisco Javier Pérez Castrillón y Erik Noval en diciembre de 2005 en la explosión de la caldera de la 'Extremadura', en el Arsenal Militar de Ferrol, se produjo por una gestión 'negligente'.

Con estas afirmaciones, ratificaba la declaración que realizó en diversas comparecencias ante el Juzgado Togado Militar de A Coruña que instruye desde 2006 las diligencias previas sobre el suceso. El proceso judicial no está bajo secreto de sumario y las diligencias son públicas, por lo que es posible acceder a las distintas declaraciones.