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   Este partido entendió que la renegociación del sistema autonómico de financiación da, también, al Gobierno la oportunidad de presentar en el Congreso una ley que 'corrija las metodologías actualmente establecidas para calcular el cupo vasco y la aportación navarra, evitando así que el País Vasco goce de un privilegio fiscal que supera los 2.000 millones de euros al año o que Navarra cuente con más de 600 millones de euros adicionales en su presupuesto'.

   UPyD cree que el sistema de financiación autonómica debe 'mejorar la igualdad entre todos los ciudadanos españoles con independencia de la comunidad autónoma en la que residan'. También, que debe proporcionar 'suficientes recursos a todos los gobiernos regionales para que puedan ofertar un amplio catálogo de servicios y prestaciones públicas, incluyendo necesariamente los de sanidad, educación, servicios sociales y atención a la dependencia'.

   Asimismo exigió que, sea cual sea el resultado de la negociación sobre la financiación autonómica, se mantenga la unidad del sistema fiscal y de su gestión a través de la Agencia Tributaria del Estado. 'La desmembración de la gestión tributaria puede dar lugar a un aumento del fraude fiscal, a la reducción de la recaudación impositiva y al aumento de los costes de la gestión tributaria', consideró.

   UPyD propugnó, por último, la creación de un consorcio tributario único en cuyo consejo de administración tengan participación representantes de los Gobiernos autonómicos.