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El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, situó en seis años el plazo para conseguir el compromiso presupuestario de que todas las administraciones destinen un 7% de sus partidas a materia de servicios sociales, aunque aclaró que el incumplimiento de esta premisa no derivará en una causa judicial.

Anxo Quintana.

En este sentido, en declaraciones a los periodistas en el marco de los desayunos ON/OFF del Colegio de Periodistas de Galicia, en la Fundación Caixa Galicia de A Coruña, Anxo Quintana explicó que la Xunta ‘no recurrirá a los tribunales’ si los ayuntamientos no cumplen con el compromiso presupuestario de la Lei de Servizos Sociais, pero consideró que ‘serán los ciudadanos los que les lleven a los tribunales sociales’.

Quintana abogó por que el Sistema Galego de Benestar se coloque ‘al mismo nivel’ que la sanidad pública o el sistema de pensiones, ‘para que Galicia coloque de verdad la cuarta pata del Estado de Bienestar’.

A su juicio, el proyecto de Ley de Servizos Sociais, aprobado ayer por el Consello de la Xunta, es ‘muy participado y va a marcar hitos en el Estado y en muchos países de Europa’.

CAMBIAR EL CENTRO DE GRAVEDAD.

Consideró que, tal y como señaló hace tres años, la Xunta debía ‘cambiar el centro de gravedad’ para ‘dejar de pensar que todo se soluciona instalándose en el cemento y con infraestructuras’ para pasar a centrarse en ‘políticas para la gente’.

Así, señaló que, gracias a esta ley, ‘se convierte en derecho lo que hasta ahora era caridad’, con un ‘catálogo de servicios exigibles por la sociedad’ y que servirá para constituir ‘un país más cohesionado y con igualdad de oportunidades’. En este sentido, explicó que los ciudadanos contarán con una tarjeta social con un profesional de referencia, ‘algo hasta ahora restringido al sistema sanitario’.