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Los Estados miembros de la UE y la Eurocámara han alcanzado un acuerdo para incluir a partir de 2012 a la aviación civil en el sistema comunitario de comercio de emisiones de CO2 con el objetivo de que este sector contribuya también a la lucha contra el cambio climático. Ello significa que se fijará un tope de permisos de contaminación a las aerolíneas basado en el promedio de emisiones entre 2004 y 2006, y las que superen el límite tendrán que comprar derechos suplementarios en el mercado a otras industrias.

Los aviones tendrán tope de emisiones a partir de 2012.

El acuerdo se alcanzó el pasado jueves y fue ratificado un día después por los embajadores de los Veintisiete. Será sometido a votación en el pleno del Parlamento Europeo el próximo 9 de julio. El ponente parlamentario, el alemán Peter Liese, dijo hoy que los principales grupos políticos -populares, socialistas y liberales- apoyan el compromiso, con lo que está garantizado que obtendrá un respaldo mayoritario en el pleno, que pondrá punto y final a una tramitación que ha durado tres años.

La nueva normativa se aplicará desde un primer momento a todos los vuelos que aterricen o despeguen en aeropuertos de la UE, ya sean de compañías aéreas europeas o extranjeras, para evitar discriminación. Finalmente, se ha descartado la propuesta de la Comisión, que consistía en introducir el sistema de manera escalonada: en 2011 sólo para los vuelos intracomunitarios y en 2012 para los que se realizan fuera de la UE.

La mayoría de los permisos de emisión se distribuirán entre las compañías aéreas de manera gratuita, pero un 15% del total se subastará. El compromiso final reconoce que son los Estados miembros los que deben decidir qué hacer con los ingresos, pero recomienda que se dediquen a combatir el cambio climático. Los Gobiernos deberán informar al Ejecutivo comunitario de las iniciativas que han adoptado para cumplir este objetivo.

Los topes a las emisiones no se aplicarán a los vuelos dentro de las regiones ultraperiféricas, como las islas Canarias, que estén sometidos a obligaciones de servicio público (que según el Gobierno son el 90%). También se contemplan excepciones para los aviones dedicados a investigación. El compromiso final establece sin embargo que los aviones que transporten a miembros de la realeza, jefes de Estado o de Gobierno y ministros de la UE tendrán que respetar también los topes. Sin embargo, la norma no se aplicará al transporte de los mandatarios extranjeros que visiten territorio comunitario.