El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han respaldado  en el Congreso el establecimiento de una fiscalidad específica para pensionistas retornados, después de que, desde 2013, la Agencia Tributaria advirtiera a muchos de ellos de la posibilidad de recibir una sanción por no haber declarado la renta percibida de su pensión en otros países.

Se trata de una proposición no de ley llevada por el PSOE a la Comisión de Hacienda y Función Pública, que prevé la devolución de sanciones y multas impuestas a emigrantes retornados desde Alemania, ya que al haber tributado en este país su pensión, se produjo un caso de doble imposición.

La oposición ha lamentado la falta de información que tuvo este colectivo sobre la obligatoriedad de tributar las pensiones, y denuncian que el ministerio no pusiera los medios necesarios para llevar a cabo dicho proceso de regularización, ni en medios humanos, ni informativos, ni temporales.

Por ello, los socialistas instan en su iniciativa al Gobierno a establecer medios necesarios para que el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración de Hacienda con todos los ingresos a declarar.

También reclaman un procedimiento de homologación de las pensiones públicas del extranjero para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF, evitando así la necesidad de plantear recursos judiciales, y no aplicar sanciones ni recargos a posteriores requerimientos, una vez haya finalizado el proceso de regularización.

"SIENTO VERGÜENZA POR SU CALVARIO"

Durante su defensa de la iniciativa, el diputado socialista Antonio Hurtado ha pedido disculpas a los emigrantes retornados "por ese trato que han recibido por parte del Gobierno". "Siento vergüenza por el calvario que han pasado", ha aseverado, llegando a pedir la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En este sentido, ha criticado el "daño a la moral tributaria" que supuso este tipo de instrucciones en Hacienda, al tiempo que se aprobaba la amnistía fiscal, por la que, ha dicho, se pagó menos de un 3%, sin sanción alguna, y con una investigación de menos del 1% de las personas que se acogieron a la misma.