Mario Alonso es el presidente de FAER, la Federación Andaluza de Emigrantaes Retornados. Más de 35.000 asociados se sienten representados por una institución que intenta establecer un tejido asociativo de retorno unificado.
Mario, ¿en qué año se fundó FAER?
La FAER se constituyó en Antequera en Enero de 2001 bajo los auspicios de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. En os últimos años ha experimentado un gran desarrollo por el movimiento asociativo de emigrantes retornados en Andalucía y motivada por la necesidad de actuar como interlocutora ante las distintas administraciones y la Federación Nacional de Emigrantes Retornados. En la actualidad la conforman 6 asociaciones de diferentes provincias, con las que representamos a más de 35.000 asociados. Se estima que el número total de retornados en nuestra comunidad autónoma está entorno a las 200.000 personas.
¿Cómo definirías el trabajo que lleváis a cabo?
La razón de ser de la Federación Andaluza es la de establecer un tejido asociativo de retorno unificado, velar por su buen funcionamiento y aglutinar la labor de las asociaciones de Emigrantes Retornados de Andalucía federadas, que tienen como fines la defensa y promoción de los derechos e intereses de los Emigrantes Retornados. La Junta Directiva está formada por representantes de estas asociaciones. Actualmente está formada por seis asociaciones, unidas para defender los intereses de los Emigrantes Retornados y sus familias; y para trabajar en la consecución de los siguientes objetivos comunes: difundir la problemática general de los emigrantes y retornados; fomentar el asociacionismo y la unidad; representar a las asociaciones miembros de la federación, ante los organismos públicos; coordinar y gestionar, conjuntamente con los miembros de la FAER, proyectos dirigidos a la integración social de los emigrantes y retornados que decidan instalarse en Andalucía y, por último, contribuir a la integración social de los inmigrantes en la sociedad andaluza mediante actuaciones y programas realizados por sus miembros y otras entidades.
¿Cómo lleváis a cabo vuestro trabajo?
La Federación cuenta con los servicios de un gabinete jurídico cuya labor es asesorar, defender y representar a nuestra entidad y a las asociaciones federadas. Se encarga de recopilar y difundir entre nuestros miembros las novedades y cambios legislativos relacionados con la emigración y el retorno. Una actividad esencial de la Federación es la formación continua de los técnicos de las distintas asociaciones federadas. Con la asistencia y organización de Jornadas, Seminarios y Cursos de Formación, hemos conseguido que nuestros técnicos estén suficientemente preparados para la atención diaria al emigrante y al retornado.
¿Qué conclusiones sacaste del último Pleno del CGCEE?
La Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados no está directamente representada en el CGCEE. En la actualidad, el colectivo de emigrantes retornados está representado por Eva María Foncubierta, Presidenta de la Federación Española, Federación hermanada, ya que todas las asociaciones andaluzas están federadas en la nacional.
¿Cuál es vuestra prioridad ahora mismo?
En la actualidad nuestros esfuerzos se centran en denunciar públicamente el agravio que se está produciendo y que afecta nuevamente al colectivo de emigrantes y retornados. Con la aplicación el artículo 139.2 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, a los pensionistas retornados españoles se les está suprimiendo el complemento del 20% realizado en la Pensión de Incapacidad Permanente Total por haber iniciado el cobro de una prestación por otro estado miembro. El INSS considera incompatible con el trabajo retribuido ejercido en el territorio de otro estado. Este Instituto considera que las rentas obtenidas por pensión de vejez de otro país participan de la naturaleza de rentas sustitutivas del trabajo y por tanto incompatibles con el percibo de ese 20%. Al llegar a la edad de jubilación, nuestros pensionistas por incapacidad que hayan cotizado en otros países, comienzan a percibir su pensión de jubilación y la Seguridad Social suprime el complemento del 20% al considerarlo un rendimiento del trabajo. Esta nueva interpretación de la norma que se empieza a aplicar a nuestros pensionistas y que a nuestro entender no tiene ningún fundamento jurídico, supone una disminución nominal de entre 200 y 400 euros mensuales. Hasta ahora los afectados que estamos detectando son nuevos pensionistas perceptores de prestaciones del extranjero. Nuestro temor reside en que apliquen el artículo 139.2 de forma retroactiva, indiscriminadamente y con un claro afán recaudatorio.