La Ley de Asturianía y Comunidades Asturiana está un poco más cerca. De momento ya se conoce el calendario. Las comparecencias en el Parlamento asturiano comenzarán el próximo mes de Abril, se desarrollarán a lo largo de toda la primavera y para el verano, el mes de julio, la previsión es que pueda haberse aprobado.

En la redacción han participado, según el Principado con sus aportaciones "los centros asturianos y casas de asturias, la Federación Internacional de Centros Asturianos, Asociación de Retornados (AEERA)  y otros colectivos de la emigración.

El nuevo texto permitirá modernizar y adaptar a las nuevas necesidades una normativa vigente desde el año 1984. Una de las principales novedades es  el tratamiento que se da a los emigrantes retornados. La futura ley garantiza medidas de apoyo para facilitar el retorno a los asturianos residentes en el extranjero y se compromete a eliminar "los obstáculos que dificulten su integración social y laboral, con particular atención a las situaciones de especial necesidad, a los menores desprotegidos y a las víctimas de violencia de género".

La nueva ley define, además, las requisitos que dan derecho a la obtención de la condición de asturianía, que engloba varios supuestos: los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Asturias, y puedan acreditarlo, y sus descendientes con nacionalidad española; también los ciudadanos que hayan nacido en Asturias que ahora vivan en países del extranjero o en otras autonomías así como sus descendientes.

Escuela de asturianía

La nueva Ley abre la puerta a la organización de una Escuela de asturianía si bien, precisa, "siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan". El texto prevé igualmente la celebración de un congreso mundial de asturianía cada cuatro años "a fin de dar voz a la emigración" y promover las relaciones entre las comunidades asturianas y las instituciones de la región.

La elaboración de un plan integral de emigración cada cuatro años, para su remisión al Parlamento regional, es otro de los compromisos contenidos en una ley que ahora deberá pasar por la Junta General, aunque en el mejor de los supuestos, su aprobación no será ya posible hasta el próximo mes de julio.