Lo aseguran en una respuesta escrita a preguntas parlamentarias por escrito del PSOE, Ciudadanos y Foro Asturias (FAC), que exigen además al Ejecutivo que pida explicaciones al gobierno bolivariano y que adopte medidas para paliar la situación de los aproximadamente 4.400 afectados.

En su texto,el Gobierno asegura que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se dirigió por escrito en septiembre a su homólogo venezolano, el Instituto de los Seguros Sociales, requiriéndole formalmente el "cumplimiento inmediato" del convenio de seguridad social entre ambos países.

Dicho convenio, firmado en 1988, prevé que ambos países abonen las pensiones que hubieran generado trabajadores del otro país incluso aunque retornen a su nación de procedencia. Sin embargo, desde finales de 2015 el Gobierno de Maduro no cumple con esta obligación de pago, que afecta tanto a españoles retornados como a venezolanos residentes en nuestro país.

CONVENIO ESPECIAL DE ASISTENCIA SANITARIA

La falta de recursos de los afectados que genera esta situación conlleva además la imposibilidad de pagar las cuotas del Convenio Especial de Asistencia Sanitaria que deben suscribir para tener cobertura médica en España, lo que hace que se hayan quedado "inicialmente desprotegidos".

Sin embargo, el Ejecutivo 'popular' asegura que ya se ha informado a los afectados de la derogación de este convenio especial y de los pasos que deben dar para seguir siendo sujetos protegidos. Asimismo, en septiembre se informó por escrito a las direcciones provinciales del INSS de cómo garantizar la cobertura "sin coste alguno" a estos ciudadanos

El pasado mes de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó, a propuesta de Ciudadanos, una iniciativa para instar al Gobierno a exigir al Ejecutivo bolivariano que cumpla con sus obligaciones y pague estas pensiones y, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, a garantizar una alternativa a estas personas para recuperar dichas cantidades.