Desde el Consejo de Residentes Españoles en el Reino Unido (CREenelUK) se ha lanzado una encuesta para recabar información estadística sobre la facilidad con que la comunidad española residente en el Reino Unido puede registrarse y acceder al sistema público de salud británico NHS.
Esta iniciativa surge tras tener noticias de que ciudadanos españoles y comunitarios no pueden registrarse en su centro de salud más próximo por diversos motivos (saturación de pacientes, documentos de residencia, etc.) en algunas zonas del país. En principio, la sanidad es considerada un derecho universal en el Reino Unido y hasta el año 2011 los ciudadanos comunitarios podían acceder a la sanidad pública con independencia de su situación laboral. El 20 de Junio del 2011 la Agencia de Fronteras británica iniciaba formalmente el requerimiento de “comprehensive sickness insurance”, término usado para designar una cobertura médica privada, para todos aquellos ciudadanos europeos que estuvieran incluidos en la siguientes categorías:
_Estudiantes
_Personas “autosuficientes”, esto es, todas aquellas personas que no son trabajadores por cuenta ajena ni autónomos pero que cuentan con recursos suficientes para vivir.
_Familiares directos de los ciudadanos europeos que residen legalmente en el país de acuerdo a las categorías establecidas en el tratado comunitario de libre circulación.
_Familiares directos de ciudadanos británicos que regresan al Reino Unido tras residir en otro país y que no tienen intención de trabajar a su regreso.
El objetivo de la comprehensive sickness insurance era, obviamente, aliviar la carga del sistema de salud pública (que en el Reino Unido es conocido como por sus siglas NHS, National Health System) eliminando el acceso de todas aquellas personas dependientes o que no estuvieran contribuyendo a la economía. Tras el Brexit, el requerimiento de comprehensive sickness insurance ha pasado a convertirse en discriminatorio, entre otras razones porque los precios de los seguros médicos para estudiantes comunitarios no están estandarizados (a diferencia de los precios para estudiantes internacionales, que sí lo están) y porque numerosos ciudadanos europeos vieron rechazada su solicitud para obtener la residencia permanente en el país (primer paso para solicitar la cuidadanía) por haber acudido al NHS durante los periodos de tiempo en que no estuvieron cotizando o recibiendo beneficios sociales. Este último caso afectó especialmente a madres y amas de hogar viviendo de los ingresos de sus esposos.
Junto con la implantación del comprehensive sickness insurance, y mucho antes de que se celebrara el referéndum de permanencia en la UE, los ambulatorios en el Reino Unido empezaron a solicitar pruebas de residencia en el país para todos aquellos ciudadanos comunitarios y no comunitarios que desearan registrarse en el NHS. Se trataba de una medida para evitar el llamado “turismo sanitario”, tras la llegada de ciudadanos de Europa del Este y Central pertenecientes al grupo A8 a partir del año 2004 (la Unidad de Investigación para la Migración del University College London calculó que solamente entre el año 2004 y 2005 más de 129.000 inmigrantes del grupo A8 entraron en el país).
La sanidad pública en el Reino Unido está fragmentada en administraciones autonómicas que cubren las cuatro naciones históricas (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) y no existe un criterio nacional unificado sobre qué documentos se aceptan como válidos para probar la residencia en el Reino Unido. La mayor parte de los ambulatorios suelen aceptar como pruebas de residencia facturas de la luz o el gas, certificado de impuestos municipales, contrato de alquiler o hipoteca, o un extracto bancario. Tampoco existe acuerdo sobre cuántos documentos se deben aportar, si bien lo normal es que se pida al menos dos pruebas de residencia junto con el pasaporte o documento de identificación.
Desde el CRE del Reino Unido consideran "que los requisitos para acreditar la residencia en el Reino Unido pueden dificultar potencialmente el acceso a la sanidad de aquellos más afectados por la precariedad laboral, que se ven obligados a alquilar habitaciones en pisos compartidos, en algunos casos sin contar con contratos de alquiler, y que no pueden aportar recibos de suministros básicos o impuestos municipales inscritos a su nombre".
Igualmente consideran importante "conocer si quienes poseen una tarjeta sanitaria europea (el antiguo E111) pueden registrarse temporalmente en un ambulatorio en el Reino Unido y recibir atención médica".
Para poder conocer el grado de acceso a la sanidad pública en el Reino Unido y las posibles dificultades que encuentran los distintos grupos demográficos de la comunidad española, hacen una llamada a los españoles residentes en el Reino Unido para que rellenen la encuesta. La encuesta consta de dos partes que se pueden contestar en los siguientes enlaces.
La encuesta finaliza el 10 de Junio. Las preguntas no recogen ningún tipo de identificación personal que pueda identificar a quienes la completan, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Los resultados serán publicados en nuestros canales de comunicación y se distribuirán a nuestra embajada y consulados, organismos nationales y autónomicos relaccionados con la emigración española en el exterior y autoridades sanitarias en el Reino Unido.
Mari Cruz García
Consejera del CRE