El Gobierno de Navarra ha acordado mostrar su disconformidad con la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación parcial de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence, que plantea implantar la enseñanza en euskera en centros públicos de la zona no vascófona en función de la demanda.

En opinión del Ejecutivo foral, la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios Socialistas de Navarra, Izquierda-Ezkerra y parlamentarios no adscritos, carece de motivación suficiente, ya que no cuenta con el respaldo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ni está justificada por cambios sociales. Considera, además, que su aplicación incrementará los costes económicos y sociales del actual modelo de enseñanza de euskera en la zona no vascófona y, por último, agrega que se trata de una propuesta extemporánea, que reitera una iniciativa similar ya rechazada en 2012 y se presenta en un tiempo en el que ya no va a poder ser aplicada en la presente legislatura.

Por lo que se refiere a la motivación, el acuerdo del Gobierno niega que la extensión del euskera en la zona no vascófona esté exigido por la Carta Europea ya que, según indica, los derechos lingüísticos que protege ésta “no son derechos universales que deban aplicarse de manera idéntica a todos los ciudadanos de una Comunidad, sino que mantienen relación directa con la proporción de hablantes de la lengua en los diferentes territorios”. En este sentido, considera que la Ley Foral del Vascuence fue sensible a las diferentes realidades sociolingüísticas de Navarra estableciendo las tres zonas.

Tampoco estima el Gobierno que los “cambios sociales” aludidos por los firmantes de la proposición justifiquen la modificación de la norma. A este respecto, recuerda que las últimas encuestas, tanto del Gobierno de Navarra (2008) como del Gobierno vasco (2012), cifran en 3,1% y 2,3%, respectivamente los porcentajes de bilingües en la zona no vascófona. Por su parte, los datos del censo de población de 2011 reflejan que menos del 0,6% de la población de esa zona declara que el euskera es su primera lengua.

El incremento de los costes económicos y sociales es otro de los argumentos expresados en el acuerdo de disconformidad. Concretamente, se rechaza que la propuesta proponga la implantación de líneas de euskera únicamente en los centros públicos, sin tener en cuenta las ikastolas ya existentes, cofinanciadas con fondos públicos mediante conciertos, y que, según se agrega, “tienen capacidad suficiente para absorber un mayor número de alumnos”.

En opinión del Gobierno, este planteamiento restrictivo incrementará los costes económicos y sociales de la extensión de la enseñanza en euskera, “ya que provocará bien la duplicidad de recursos para dar un mismo servicio o bien la limitación de los conciertos en los centros ya existentes”.

Finalmente, considera la propuesta extemporánea por tratarse de una iniciativa similar a otra ya rechazada por el Parlamento en 2012 y presentarse al final de la legislatura, sin tiempo material para aplicarlo antes de que finalice ésta.

Por todo ello, el Ejecutivo foral considera más adecuado posponer este debate a la consideración del nuevo Parlamento que surja de las elecciones de mayo de 2015.