La secretaría general técnica de la Consellería do Mar, Isabel Concheiro, dijo en el Parlamento de Galicia que el Gobierno gallego hizo todo lo posible, dentro de sus competencias, para colaborar y ayudar a los marineros jubilados de la asociación Long Hope.

Concheiro respondió en comisión parlamentaria a una pregunta de la diputada del BNG Montserrat Prado, que interpeló a la representante de la Consellería de Mar por el papel jugado por el Ejecutivo autonómico en la defensa del colectivo que agrupa a exmarineros españoles -en su mayoría gallegos (en torno a 8.000, según Prado)- que trabajaron en buques noruegos sin generar derecho a una pensión de jubilación según el país nórdico.

La representante de la Consellería do Mar incidió en que la solución a este problema "depende del Gobierno central", lo que, añadió, "delimita y reduce con mucho las posibilidades de actuación de la Xunta", si bien consideró que los marineros "tienen todo el derecho apercibir la pensión de jubilación por haber ejercido actividad y pagar sus impuestos".

Indicó que desde el Gobierno gallego "siempre se mostró sensibilidad con este colectivo" y que fue en el año 2009 cuando se iniciaron las actuaciones encaminados a la defensa de los marineros.

Entre estas acciones, recordó, la conselleira Rosa Quintana mantuvo entrevistas al más alto nivel con responsables del Instituto Social de la Marina y con la entonces comisaria europea de Pesca, así como una reunión, junto con la conselleira de Traballo, con los afectados, de cuyos acuerdos se dio traslado a Madrid.

La portavoz de la Consellería recordó que el Consello de la Xunta aprobó en septiembre de 2016 una partida de 70.000 euros para ayudar a los marineros a sufragar los gastos en que incurriera el colectivo en la defensa del reconocimiento de sus pensiones de jubilación por parte del Gobierno noruego.

En este sentido, la diputada del BNG se dirigió a la compareciente para indicarle que tenía el encargo de los propios marineros jubilados para recordarle que "ellos nunca pidieron dinero para sus gastos personales, como establecía ese convenio, sino que lo que quieren es el compromiso político y que ustedes se planten ante Noruega".

La secretaría general técnica de la Consellería do Mar criticó que el colectivo Long Hope se negase a firmar el convenio aprobado por el Gobierno gallego "aduciendo discrepancias", y dijo que "las discusiones que surgieron en la negociación del contenido del convenio fueron prácticamente en su totalidad recogidas en el texto final que aprobó el Consello de la Xunta", precisando que solo quedaron fuera de ese documento los puntos referidos "a cuestiones legales de naturaleza administrativa".

Por su parte, la parlamentaria nacionalista Montserrat Prado afirmó que "si estuviéramos delante de grandes empresas del Ibex 35 o de empresas de la Gürtel, el Gobierno gallego se plantaría y estaría acompañando a los afectados y buscando soluciones en Madrid".

Prado dijo que ahora es el momento "de que el Estado español se comprometa, emprenda medidas legales contra el Reino de Noruega al amparo do Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para evitar que los marineros queden solos en su justa demanda y para evitar también que el litigio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos carezca de sentido por muerte de las personas afectadas".

Explicó la diputada que el Gobierno central puede promover una demanda interestatal, dado que, de las dos opciones judiciales que en concepto de demanda ofrece el Convenio, "lo más ventajoso desde todos los puntos de vista sigue siendo el de la demanda interestatal, al ser más rápido y corto en el tiempo, además de resultar asequible desde el punto de vista económico.

También puede hacerlo, agregó Prado, adoptando otras medidas legales igualmente previstas en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tales como la intervención del Estado español como tercera parte en demanda individual. EFE