"Nunca nos negamos a tributar. Nos negamos a que nos roben”. Carmen Dobaño, presidenta de la Plataforma de Emigrantes y Retornados de Ourense fue la encargada de cerrar la manifestación que este viernes, 5 de diciembre, recorrió las calles de la ciudad en defensa de los derechos del colectivo. Unas 3.000 personas, miembros de 21 plataformas acudieron a la ciudad coincidiendo con la presentación de una moción en el Pleno del Ayuntamiento por parte del Bloque Nacionalista Galego, en la que se instaba a todos los grupos con presencia en la cámara a solicitar del Estado “una reforma que garantice que las pensiones que perciben los emigrantes retornados del extranjero tengan un trato fiscal idéntico al del resto de los pensionistas”. La enmienda fue aprobada con los votos a favor de todos los grupos políticos y la abstención de los dos representantes del partido local Democracia Ourensana.

Dobaño , que calificó la Ley 35/2006 como “un expolio a los emigrantes retornados”, aseguró que la norma que exige al colectivo el pago retroactivo de sus pensiones recibidas desde el exterior afecta a “más de 250.000 gallegos”. La presidenta de la Asociación Ourensana de Emigrantes Retornados quiso aprovechar la manifestación para “trasladar al Pleno de la Corporación municipal el desacuerdo y la preocupación de los vecinos” por lo que calificó como una “persecución económica y moral” por parte del Partido Popular.

Para justificar sus palabras, Dobaño recordó que las asociaciones de retornados calculan que “entre 6.000 y 7.000 euros” la cifra media que tendrá que abonar el colectivo en tan sólo seis meses. “A partir del uno de enero se confirmará el expolio”.

Manuel Domínguez

Manuel Domínguez, fundador de la Asociación de Emigrantes Maruxía y de la Plataforma de retornados de Compostela lamentó que esta norma “solo se ha puesto en marcha para hacer caja a nuestra cuenta” e insistió en la necesidad de que la reforma fiscal “solo cobre a partir de 2014, que es cuando se nos avisó, y no antes”.

“La política es para servir al pueblo, no sólo a los ricos”, lamentó Domínguez, quien aseguró que la marcha atrás a la hora de devolver las sanciones cobradas es solo la punta del iceberg de un engaño. “Las multas son una minucia para esconder la gran estafa que se nos viene encima”.

“No se ha hecho nada”

“No se ha modificado absolutamente nada de la Ley 35/2006. Todo es falso”, señaló José Luis Leirós, presidente de la Plataforma de O Salnés, en referencia al texto aprobado en el Congreso a finales de noviembre. Leirós lamentó que “sólo se modifica de forma excepcional las multas que ya hemos pagado en concepto de demora” y para las que desoyendo las peticiones de los colectivos de retornados el Gobierno no devolverá de oficio, sino a instancias de los afectados.

Leirós aprovechó su intervención ante los manifestantes para reseñar que “el texto aprobado por el Gobierno no ha cambiado ni una coma. No ha escuchado ninguna de nuestras peticiones y por eso lo rechazamos. Para seguir robando, el estado se inventa una regularización que es un fraude”.