viernes, 29 de marzo de 2024

LOS CONTRATOS SUBVENCIONADOS TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 6 MESES

El Consejo de Gobierno de Extremadura aprobó el decreto que regula el Plan de Empleo Social

Fernández-Vara

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el Plan de Empleo Social, en el que la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales invertirán 24 millones de euros y que permitirá a ayuntamientos, ONG’s y pymes de la región contratar a 4.000 parados de larga duración que hayan agotado las prestaciones. En rueda de prensa, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que los contratos subvencionados tendrán una duración de 6 meses y que esos períodos podrán abarcar desde diciembre de este año hasta junio de 2016 y de junio a diciembre de 2016.

Además, ha explicado que de los fondos que se destinan al Plan (12 millones los aporta la Junta de Extremadura y las diputaciones, 6 millones cada una) el 80 por ciento irá destinado a los contratos que realicen los ayuntamientos y el 20 por ciento restante a los que hagan las ONG’s, pymes y empresas de economía social.

El presidente de la Junta ha manifestado que la intención del Ejecutivo es que este plan tenga “continuidad en el tiempo”, ya que, ha añadido “las situaciones de los parados de larga duración no se van a resolver en un corto plazo”, y ha anunciado que “continuaremos haciéndolo en los próximos años para llegar a más gente”.

Vara ha considerado que mediante el Plan de Empleo Social, la Renta Básica de Inserción, el Plan de Contingencias y el decreto que se aprobará próximamente para garantizar los mínimos vitales “probablemente no vamos a resolver todos los problemas pero vamos a intentar evitar que en Extremadura haya alguien en situación de extrema necesidad”.

APOYO POR PARTE DE LAS DIPUTACIONES

Por otra parte, los presidentes de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, Miguel Angel Gallardo y Rosario Cordero, se han incorporado a la reunión del Ejecutivo y han comparecido en la rueda de prensa posterior junto al presidente de la Junta de Extremadura para hacer una valoración del Plan aprobado hoy.

Con anterioridad, el Consejo de Gobierno autorizó en su reunión del pasado viernes la firma de los convenios con las diputaciones mediante los que se financiará el plan.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, señaló que es el presidente de la Junta de Extremadura “quien debe marcar las prioridades” y que las diputaciones deben “acompañar” al Ejecutivo regional en su labor de “mejorar la vida de la gente”.

Gallardo afirmó que la Diputación de Badajoz “está feliz” porque en los últimos cuatro años estuvo aislada en su lucha para hacer frente al problema del desempleo en los municipios de la provincia con planes como el “Revitaliza”, con el que se pretendía “minorar” esos problemas ante la falta de “políticas activas claras del entonces gobierno de Extremadura”.

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, resaltó la importancia de este plan, ya que, recordó, según los datos de la EPA conocidos ayer la provincia de Cáceres cuenta con 49.000 parados y de ellos un 45 por ciento no tiene ya ninguna prestación.

Cordero aseguró que con el Plan se pretende generar no sólo empleo, sino también confianza y justicia social, y subrayó el carácter social del plan, ya que, dijo, va dirigido a “la gente que peor lo está pasando” y que ha estado “excluida de las políticas de inclusión social”. En este sentido, destacó el papel que van a desempeñar los ayuntamientos y los servicios sociales de base.

DESAHUCIOS

Por otra parte, el presidente de la Junta de Extremadura ha mostrado su solidaridad con la mujer que iba a ser desahuciada esta mañana en Badajoz y ha anunciado que la Administración regional intentará buscar una solución “al problema que se le plantea una vez tenga que abandonar el hogar”.

Vara dijo que desde la Administración regional se ha intervenido para frenar este desahucio pero que no ha sido posible porque el juez ha mantenido “su decisión”.

En relación con este hecho, el presidente ha asegurado que “estamos consiguiendo parar muchos desahucios sin hacer ruido” pero ha reconocido que “todavía se producen algunos”, razón por la cual, ha añadido, el Ejecutivo pretende aprobar un decreto-ley mediante el que se pueda poner solución “para todos” y que podría entrar en vigor antes de que acabe el año, ya que, reiteró, “no se puede echar a la gente de su vida”. 

OTROS ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El presidente de la Junta anunció que el Consejo de Gobierno ha autorizado también en su reunión de hoy la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización de la actividad económica de Extremadura en el periodo 2015/2016, con una dotación de 732.000 euros.

La convocatoria incluye tres líneas de ayudas: para la internacionalización de la empresa extremeña; para el sostenimiento de los gastos de estructura de gestión de las sociedades de comercialización; y para la contratación de expertos en comercio exterior.

Además, destacó el presidente, el Ejecutivo ha aprobado un decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Universidad de Extremadura, por importe de un millón de euros, para financiar actividades estratégicas de I+D+i en el ejercicio de 2015.

La finalidad de esta subvención es la suscripción y/o adquisición de bibliografía científica y del software necesario para su gestión, incluyendo bases de datos, revistas electrónicas y plataformas, renovaciones de concurso de revistas españolas y extranjeras en formato papel y on-line, libros y actualizaciones millennium y herramientas de apoyo bibliográfico.

Por último, el Consejo de Gobierno ha sido informado de la resolución del órgano de contratación por el que se ordena la tramitación, mediante el procedimiento de emergencia, del contrato de obras de protección del embalse del Prado de las Monjas (Acebo) para paliar los efectos del incendio del pasado mes de agosto en la Sierra de Gata, con un importe de 1. 857.550,19 euros.                                                                                                                                           

Con esta actuación se pretende evitar que las reservas acumuladas en el mencionado embalse, del que se abastecen de agua potable las localidades de Acebo, Hoyos, Villamiel, Trevejo, Perales del Puerto y Cilleros, reciba las cenizas y demás contaminantes causados por la erosión del incendio con las lluvias de otoño y a través de las correntías naturales.

Las obras de emergencia consisten en buscar el abastecimiento alternativo del embalse denominado “La Atalaya”, actualmente fuera de uso para el abastecimiento.

Con la ejecución de la obra por emergencia, se aportaría el agua al sistema actual de la red de conducciones, haciéndola circular en sentido inverso; el agua se impulsaría hasta Cilleros, punto superior de la cota, desde donde se abastecería al resto de las poblaciones.