De “proceso irresponsable”.  Así califica la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, FEAER, la regularización de las pensiones de los emigrantes a un mes del final del período dispuesto por el Gobierno para que los retornados coticen las pensiones llegadas desde el exterior.

Desde la FEAER se considera que “el  Ministerio de Hacienda se apresuró” a la hora de anunciar la regularización, ya que “no han sabido atender adecuadamente” a las personas afectadas.

Desde la Federación se lamenta la falta de personal en las delegaciones provinciales de Hacienda. “Nos parece una temeridad no proveerlas de los medios suficientes tras haber “invitado” a acudir a las delegaciones a casi 700.000 posibles afectados”.

Esta falta de previsión por parte del Gobierno ha llevado a las propias entidades de emigrantes y retornados a actuar a la hora de cubrir las peticiones de los miles de afectados, que ya en mayo se encontraron con la “desagradable sorpresa” de que desde las oficinas de diferentes Delegaciones de Hacienda “ya no se concedían más citas”.

 “A finales de abril y coincidiendo con la campaña del IRPF 2014, en la mayoría de las Delegaciones dejaron de dar citas para las regularizaciones, cuando el periodo de gracia termina el 30 de junio, quedando miles de emigrantes retornados desamparados y sin saber dónde acudir”, señala el comunicado emitido por la FEAER.

“No entendemos como eliminan un servicio dos meses antes de lo previsto y sin previo aviso. Las asociaciones de retornados nos hemos erigido en interlocutoras del colectivo, hemos mantenido numerosas reuniones con la Agencia Tributaria en la que se nos ha informado de los aspectos relevantes de cómo se acometería la regularización, pero en ninguna de ellas se nos comunicó que dejarían de atender regularizaciones antes del 30 de junio”.

“Estamos atendiendo a cientos de afectados que nos derivan las propias Delegaciones de Hacienda, Delegaciones del Gobierno, INSS y otros organismos de la Administración”, señala la FEAER, que cifra en 75.000 las personas que han tenido que atender desde sus propias sedes provinciales.

“ La experiencia nos ha dado la razón, seis meses son insuficientes para satisfacer una regularización fiscal de 4 años”.

Además, desde la FEAER se lamenta que muchos de los afectados tendrán que afrontar pagos importantes (ya que la regularización supone declarar por las pensiones percibidas desde el año 2010) que para muchas familias supondrá un duro golpe para sus maltrechas economías familiares.

“Es el caso de Mariscal, uno de nuestros socios. Ha de hacer frente a una deuda de unos 4.000 euros y le ofrecen un fraccionamiento máximo de 9 pagos, con lo que la cuota incluidos intereses le suponen unos 460 euros mensuales. El señor en cuestión tiene unas rentas mensuales aproximadas de 1.000 euros, con lo que de hacer frente a la deuda en tan sólo 9 cuotas, no tendría para un sustento mínimo de la unidad familiar, compuesta por el matrimonio y dos hijos desempleados”.

Por último, el comunicado insiste en la necesidad de establecer  “los cauces necesarios para la homologación o convalidación de la invalidez provenientes de los distintos países de emigración con el reconocimiento en España”.