El PP ha rechazado comprometerse a reformar la ley electoral antes de las elecciones generales para anular el 'voto rogado' que desde 2011 obliga a los emigrantes a solicitar previamente el voto para poder ejercerlo, un requisito que los dos partidos mayoritarios introdujeron en la reforma electoral de 2010 y que ha provocado el desplome de la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).

El grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha vuelto a plantear en el Congreso la supresión de ese requisito, y estaba dispuesto a aceptar una enmienda genérica que el PP le había planteado en la Comisión Constitucional, pero a cambio exigía el compromiso de acometer la reforma antes de las generales, cosa que los 'populares' no han querido cerrar.

Al final se ha votado un texto de consenso de Izquierda Plural y PSOE que instaba al Gobierno a resolver el entuerto presentando una reforma electoral "urgente" para acabar con el voto rogado antes de las generales, algo que el PP ha tumbado con su voto en contra.

Mientras unos y otros discuten cómo y cuando corregir el sistema de voto que se aplica a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), una proposición de ley del Parlamento gallego para homogeneizar las condiciones de voto entre emigrantes y residentes en territorio nacional, anulando el voto rogado, ha cumplido ya más de un año bloqueada en la Cámara Baja.

El requisito del voto rogado, ideado para acabar con las constantes denuncias de fraude en el voto de los emigrantes, fue introducido en la reforma electoral de diciembre de 2010 que promovieron el PSOE, el PP y los nacionalistas de CiU y PNV. Aquella reforma electoral, que también prohibió votar en elecciones municipales a los electores censados en el extranjero, fue protestada por IU, UPyD y los nacionalistas de BNG y CC.

UNA REFORMA DE LA QUE SE DESMARCAN SUS PROMOTORES

El principal efecto del voto rogado es la caída de la participación electoral, que hasta entonces superaba el 30% y que, desde su implantación, ya no va más allá del 5%. En ese contexto, los propios promotores de la reforma electoral de 2011 se fueron desmarcando, especialmente el PSOE, CiU y algunas organizaciones territoriales del PP.

Todos los intentos de rectificar se han visto frustrados. En octubre de 2013, el Grupo Popular rechazó en el Congreso una iniciativa del PSOE para revocar el voto rogado alegando que es la fórmula menos dañina para evitar el fraude, pero meses después, en primavera de 2014, accedió a admitir a trámite la citada reforma electoral que llegó desde Galicia, con el voto del PP de Alberto Núñez Feijóo, para suprimirlo. Eso sí, desde entonces la iniciativa sigue bloqueada en la Cámara, sin que se permita presentar enmiendas.

Con vistas a las elecciones de mayo, IU elevó una queja a la Junta Electoral Central, pero el organismo arbitral se 'lavó las manos', mientras y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha acabado por reconocer recientemente que las medidas que viene adoptando para agilizar el voto desde el exterior no han logrado reflotar la participación de los emigrantes.