Un grupo de pensionistas agrupados bajo el nombre de Pensionados IVSS Exterior Chinchorro, describen en una desgarradorra carta enviada a los Medios de Comunicación la situación que atraviesan los 8.000 pensionistas que llevan un año entero sin percibir sus pensiones del gobierno de Venezuela y que reproducimos a continuación. 

En el reciente Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el gobierno se comprometió a seguir negociando con el Gobierno de Venezuela para acabar con esta situación, mientras que desde las Comunidades Autónomas, se reclamaron medidas efectivas, ya que son ellas quienes están teniendo que asumir las ayudas y la protección a las familias, pensionistas que no perciben sus pensiones, y  que están en situación de necesidad. 

CARTA A LOS MEDIOS

Los pensionistas españoles que dependen de que Venezuela pague las pensiones llevan ya un año sin percibir sus asignaciones. En enero de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro, sin mediar explicación, decidió frenar estos pagos en el exterior. Desde entonces viven en un estado de incertidumbre, agravada por las dolencias propias de la edad.

Son muchos los que han tenido que abandonar sus hogares, que sufren lo que hoy llamamos pobreza energética, o que no pueden permitirse pagar las medicinas porque no tienen acceso a la seguridad social y deben sufragar el coste íntegro de los medicamentos. Algunos de ellos están viviendo desde hace meses de la caridad: la ayuda de un familiar o vecino, de Cáritas o de mendigar en la calle. Se sabe que al menos cinco ancianos han perdido la vida en el último año, la mayoría enfermos, sin poder acceder a los medicamentos y bajo la presión, el estrés y la angustia de la situación. El caso más extremo fue el de un pensionista en Alicante cuya familia necesitó de la colaboración de la ciudadanía para poder enterrarlo. Y la situación empeora día a día. Un año sin cobrar el único sustento del que se dispone acaba con los ahorros y la salud de los afectados.

Luchando por sus derechos legítimos, los ancianos han enviado cartas y  contactado a las autoridades de quienes depende el pago de su pensión en Venezuela. Incluso han solicitado al presidente Nicolás Maduro que regularice la situación, pero sus voces son ignoradas sistemáticamente. 

Paralelamente, han pedido ayuda a diferentes partidos políticos locales para que soliciten al gobierno de Mariano Rajoy que exija el cumplimiento del convenio bilateral que ambos países tienen suscrito en materia de pensiones. Hasta la fecha los representantes de PP y PSOE se han mostrado interesados en ayudar, aunque aún no se han obtenido resultados. Los representantes de Ciudadanos han sido, de momento, los más comprometidos: presentaron una PNL en el Congreso que fue aprobada en el mes de noviembre, reiterando hace pocos días su apoyo. A finales de enero se mantendrán nuevas reuniones con los afectados.

Un representante de Podemos, tras votar en contra de la PNL presentada por Ciudadanos y ser objeto de reclamos a través de las redes sociales, ofreció su ayuda: hablar con el Embajador de Venezuela en España. Optimistas, transmitieron a los pensionistas su esperanza de que en diciembre se cobraría, su confianza en que en enero estaría todo solucionado y su explicación de que el retraso en los pagos se debía a la retirada de los billetes de 100 bolívares en Venezuela. 

El colectivo se enfrenta a las escasas respuestas por parte de las autoridades de Venezuela, que asume una actitud de negación, falta de respeto y burla. En enero de 2016 el problema era el tipo de cambio a aplicar, en mayo de 2016 el precio del petróleo y en diciembre la retirada de un billete en Venezuela, argumentos que rayan lo absurdo. La triste realidad es que hay orden de no pagar y se está cumpliendo desde hace un año.

Los pensionistas llevan meses pidiendo la colaboración de los diferentes medios de comunicación y de personalidades de Venezuela residentes en España para que les ayuden a ser oídos, pero hasta ahora son pocos los que se hacen eco de que cerca de 8000 jubilados llevan un año sin cobrar. 

Lo que necesitan es que, de una vez por todas, el gobierno de España active la vía diplomática para exigir a Venezuela que cumpla con el convenio y pague a sus pensionistas. El tiempo se agota para quienes llevan ya un año pidiendo ayuda.