El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad la petición de los grupos de Podemos y el Mixto de crear una comisión de investigación que estudie las posibles irregularidades del procedimiento de voto desde el extranjero desde la implantación del llamado voto rogado. En todo caso, esta comisión sólo llegará a constituirse si antes del 3 de mayo prospera una sesión de investidura.

Aunque el objetivo de la puesta en marcha de esa comisión es depurar responsabilidades políticas sobre quienes impulsaron la reforma electoral de 2011, es decir, PSOE, PP, CiU y PNV, lo cierto es que tanto los 'populares' como los socialistas han rechazado buscar culpables y han abogado por tratar de buscar soluciones a las dificultades que los españoles residentes en el exterior se están encontrando desde entonces para poder ejercer su derecho a voto.

Una problemática que ha causado una importante caída de la participación de los residentes ausentes, en torno al 85% en los distintos procesos electorales celebrados en nuestro país. De hecho, en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, sólo un 4,7% de los españoles residentes en el extranjero votaron.

Así lo ha destacado el portavoz de Asuntos Exteriores de Podemos, Pablo Bustinduy, quien ha denunciado que desde 2011 los poderes públicos no sólo hayan "olvidado", "invisibilizado" y "abandonado a su suerte" a los españoles en el exterior, sino que, además, les hayan "arrebatado" el derecho más sagrado en una democracia debido al "infierno burocrático" que supone votar.

Por tanto, Bustinduy ha defendido que quienes han legislado de esta manera deberían "dar cuentas" en el Congreso y explicar las razones que les llevaron a adoptar una medida con la que, según ha subrayado, se ha "incumplido" la Constitución. "Estamos o ante una colosal muestra de indiferencia, incapacidad e ineptitud de la función pública o estamos ante un inmenso ejercicio de prevaricación", ha llegado a decir.

EL PP NO DA UN CHEQUE EN BLANCO

Frente a esto, desde el PP, el responsable de Exteriores, José Ramón García Hernandez, ha advertido de que su partido apoyará la creación de una comisión pero no dará "un cheque en blanco" ni respaldará la búsqueda de un culpable a la problemática del voto rogado, que radican en los plazos de la ley y de los sistemas postales extranjeros.

De hecho, ha defendido que los 'populares' sería más partidarios de que una solución consensuada las dificultades que plantea esta medida se debatieran en una comisión no permanente o de estudio, pero, en todo caso, ha dejado claro que respaldarán la propuesta de Podemos y el Mixto.

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, quien considera que se debería encontrar una salida al voto rogado en el marco de una reformas más amplia de la Ley Electoral, y no tanto tratar de buscar a los responsables de las consecuencias de su aplicación a través de una comisión de investigación, un órgano que, entre otras cosas, persigue pedir responsabilidades cuando existan indicios que lo justifican.

Tras remarcar que desde mayo de 2012 el PSOE ha venido planteado diferentes iniciativas parlamentarias para suprimir el voto rogado, Cámara se ha dirigido a Podemos para apuntar que esta comisión de investigación que promulgan no se podrá poner en marcha si no se avienen a facilitar el gobierno del cambio.

En nombre de Ciudadanos, el diputado Francisco Hervías, también ha remarcado que una comisión de investigación "no es la fórmula más idónea" para buscar una solución a los problemas con el voto en el extranjero, una posición que ha compartido también el representante del PNV, Mikel Legarda.

HAY QUE PONERSE "MANOS A LA OBRA" YA

En todo caso, tanto uno como otro han apuntado que apoyarán su creación porque hay que ponerse "manos a la obra" para facilitar a los residentes ausentes que puedan votar "libremente", en palabras de Hervías.

Tanto Esquerra Republicana (ERC) como Democràcia i Llibertat han coincidido en destacar que la creación de una comisión de investigación sobre el voto rogado es "necesaria", "urgente" e "imprescindible" ante las consecuencias "nefastas" que éste está dejando.

"Hemos pasado de las trampas a ahogar aquello que debería fomentar un Estado: la participación de sus ciudadanos", ha dicho el portavoz republicano, Joan Tardá. "No puede ser que los ciudadanos sean muy buenos para pagar y no tanto para votar", ha censurado, por su parte, la representante de DL Miriam Nogueras.

De su lado, la diputada de Izquierda Unida-Unidad Popular Sol Sánchez ha llamado a hacer "lo posible" por que todos los españoles en el extranjero puedan ejercer un derecho "robado", mientras que el parlamentario Isidro Martínez Oblanca, en nombre de Foro Asturias, se ha mostrado favorable a investigar las supuestas irregularidades del voto rogado y, por ende, poner solución así a la baja participación registrada en los últimos comicios.