Representantes de la "marea granate" de emigrantes y varias ONG entregaron una carta al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en la que piden que interceda ante el Gobierno español para frenar la ley de seguridad ciudadana.

El escrito solicita al comisario Nils Muiznieks que "dirija una comunicación urgente al Gobierno español expresando sus preocupaciones en relación con las libertades de reunión pacífica y de expresión así como su propuesta de rechazar extranjeros en la frontera".

La carta está firmada por Greenpeace, Jueces para la Democracia, Rights International Spain, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Ecologistas en Acción, S.O.S Racismo, la Federación de Sindicatos de Periodistas y la plataforma No Somos Delito, entre otros.

El pleno del Congreso español debatirá el dictamen de comisión sobre el proyecto de ley orgánica de protección de seguridad ciudadana y sus enmiendas, tras lo cual continuará su tramitación en el Senado.

En declaraciones realizadas en noviembre, Muiznieks había instado al Gobierno a que retire la enmienda del PP al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana para modificar la Ley de Extranjería y legalizar las devoluciones inmediatas de inmigrantes irregulares.

Esas devoluciones, dijo, "son ilegales, según el derecho internacional".

El escrito entregadotambién pide al comisario que intervenga ante las "restricciones ilegítimas" que la nueva ley impone al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión.

Añade que, según datos del Ministerio del Interior, en menos del 1 % de las manifestaciones celebradas en España en los dos últimos dos años se produjeron incidencias.

Una de las componentes de la citada marea, Olalla Pastor del Valle, se mostró "sorprendida" ante la "rápida respuesta" de una institución europea para recibirles y se mostró confiada en que la "presión de Muiznieks y la movilización ciudadana" puedan dar resultados.