La crisis, si bien no ha podido sacar del armario las fronteras, sí está suponiendo la aparición de subterfugios mediante los cuales los países quieren deshacerse de colectivos inmigrantes que, afirman, están suponiendo un coste a sus arcas estatales.  Uno de los casos más sangrantes es el que se produce en Bélgica, país que acoge las instituciones de la Unión Europea, pero que el pasado año expulsó a más de 2.700 europeos, de los cuales  323 eran españoles: la tercera nacionalidad tras rumanos y búlgaros. Aunque se trata de invitaciones a marcharse y no de repatriaciones forzosas, los afectados tienen muy difícil volver a reincorporarse al estado belga, que los marca en sus sistemas de modo que no les sea posible volver a registrarse en otra commune (Ayuntamiento): es la muerte administrativa y, por tanto, una puerta cerrada a pesar de la presunción del Espacio Schengen que presuponía la desaparición de las fronteras interiores europeas.

Integrantes del 15M Bruselas han presentado esta mañana una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en contra de las expulsiones de ciudadanos comunitarios por parte del estado belga. Los demandantes solicitan al Parlamento que evalúe las leyes belgas de extranjería, ya que consideran que su redacción y aplicación vulneran la directiva comunitaria en la que supuestamente se amparan.

La petición

La petición también insta al Parlamento a reconsiderar si dicha directiva (la 2004/38) es en realidad acorde con el espíritu de la Unión. “La Directiva hace de la libre circulación un derecho condicionado, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y ampara el trato discriminatorio de ciudadanos europeos emigrantes, en especial de los que provienen del sur y del este de Europa, que sufren más duramente las consecuencias de la crisis económica”, explican los firmantes. Las legislaciones nacionales creadas a partir de esta directiva “fomentan la justificación legal de la xenofobia, la desigualdad y son un duro golpe a uno de los pilares de la construcción europea”, puede leerse en la petición.

Por eso, la petición solicita “un cambio legislativo que permita adaptar el texto a la realidad europea”: “Solicitamos que se retire la exigencia de “recursos suficientes”, de “seguro de salud con cobertura suficiente” y toda referencia a “ser una carga para la asistencia social” del texto de la Directiva, de manera que la norma comunitaria garantice el derecho efectivo a la libre circulación y residencia de todas las personas con ciudadanía independientemente de su condición económica”, afirma la propuesta presentada esta mañana.

El caso de Bélgica

Los miembros de la Plataforma 15M consideran especialmente triste el caso belga, país que acoge la mayoría de los órganos de la Unión Europea, que abre sus puertas y sus bolsillos a los funcionarios  de la UE, pero que ahora, con la crisis, busca subterfugios para expulsar a los ciudadanos, algunos de ellos residiendo durante años en el país, pero que ahora le suponen un gasto a las arcas nacionales.

Uno de los aspectos sobre los que los integrantes de la Plataforma han querido llamar especialmente la atención es que la Directiva 2004/38, aunque permite las expulsiones en algunos casos, también establece límites para los estados. Por ejemplo, no pueden realizar un control sistemático sobre los extranjeros residentes en su territorio.

No se respetan las normas

Sin embargo, esto es algo que no se está respetando, aseguran los miembros de la Plataforma. En este sentido, señalan que para saber a quién expulsar, el estado belga está cruzando de modo automático los datos de los extranjeros registrados en el CPAS (el organismo encargado de las ayudas sociales] con los del Office des Étrangers [la oficina de extranjería). “Este cruce de información no sólo vulnera la propia directiva, sino también la normativa europea de tratamiento y protección de datos de carácter personal. En la práctica, además, ampara las expulsiones colectivas, expresamente prohibidas por la Carta Europea de Derechos Fundamentales”, señala una de las  firmantes de la queja presentada a la UE.

Las órdenes de expulsión se están produciendo con independencia del arraigo social en el país y afectan, incluso, a ciudadanos con trabajo en diversos programas de fomento la del empleo que, al ser en parte financiados por el estado, Bélgica considera como ayuda social, con lo que se da la paradoja de que se expulsa a personas que trabajan o están en búsqueda de empleo, algo que contraviene la directiva.

Con esta iniciativa, el 15M quiere denunciar la selección económica que guía las políticas migratorias de la Unión Europea y de sus estados miembros, y que busca excluir socialmente a extranjeros de dentro y fuera de Europa. “Queremos animar a las personas europeas, belgas o no, a que se sumen a la iniciativa; bien añadiendo su firma a esta petición desde la plataforma virtual del parlamento europeo, bien presentando peticiones desde otros países donde los extranjeros comunitarios estamos recibiendo un trato similar al de Bélgica. ”