El grupo parlamentario Podemos-Podem ha reclamado al Consell en Les Corts Valencianes que inste al Gobierno Central a solucionar los errores detectados en el proceso de regularización de los pensionistas retornados, que ha revelado falta de planificación y ha causado desprotección y discriminación de un colectivo en situación de debilidad que debe ser corregido por el Ministerio de Hacienda.
El diputado por Alicante de este grupo parlamentario, Antonio Estañ, ha explicado que en el proceso recogido en la Disposición Adicional Única sobre Regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto, realizado por el Ministerio Fiscal se han detectado ciertos errores.
Entre ellos ha destacado la no homologación de pensiones de incapacidad reconocidas en el extranjero; la desinformación y consiguiente desasistencia de un colectivo numeroso en la Comunitat Valenciana y que, por sus características, debe gozar de una mayor protección legal; y la no asunción de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia en los cuales se falla a favor de la exención de las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes con naturaleza pública.
Según ha argumentado el parlamentario, la aplicación de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, contiene un reconocimiento implícito de que la Agencia Tributaria estaba realizando una interpretación abusiva de las disposiciones legales, puesto que esta ley en su disposición adicional única establece un “período de regularización” que en la práctica implica la devolución de las sanciones injustas, recargos e intereses que se impusieron en los últimos años.
Además, según ha expuesto Estañ, el plazo de seis meses para regularizar las pensiones que tributaban en el extranjero, --exactamente hasta el pasado 30 de junio de 2015-- ha sido manifiestamente insuficiente para satisfacer una regularización correspondiente a cuatro años fiscales, ya que si el periodo comprendía del 1 de enero al 30 de junio de 2015, los pensionistas emigrantes retornados recibieron las cartas provenientes de Hacienda --tuvieran o no que regularizar su situación-- a finales de febrero, y en abril se dejó de prestar servicio en las delegaciones territoriales de Hacienda, tal y como vienen denunciando asociaciones como la Asociación de Exmigrantes Jubilados (AEXJU) y recoge la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER).
A todo ello, ha lamentado, hay que sumar la falta de información por parte de las autoridades tributarias, que unido al hecho de que el colectivo afectado es de edad avanzada y poco familiarizado con la legislación española por haber residido mucho tiempo en el extranjero, ha provocado que muchos de los pensionistas retornados, que se podían haber beneficiado de la exención de sanciones y recargos que preveía la ley no hayan podido hacerlo, sufriendo a día de hoy la aplicación de las penalizaciones que se prevén en la normativa, necesitando, acudir a asesoramiento privado con el consiguiente coste.
DEVOLUCION DE SANCIONES Y RECARGOS
Por ello Podemos propone que se devuelva de oficio a los pensionistas retornados las cantidades que se les haya cobrado injustamente, en concepto de sanciones, recargos o intereses, sin necesidad de que el pensionista lo solicite y que se abra un nuevo periodo de regularización de la declaración de las pensiones con plazos más adecuados y suficientes, acompañado de una campaña de información específica y que se cuente con personal técnico idóneo para facilitar a los mayores retornados la adecuación de su situación tributaria.
Asimismo, solicita que se realice una homologación de pensiones de incapacidad procedentes del extranjero de forma automática, para que el pensionista emigrante retornado ostente los mismos derechos y obligaciones que los pensionistas nacionales, compartiendo gravámenes pero también exenciones y que se aplique la jurisprudencia vigente sobre la exención de las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes con naturaleza pública.
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