La Comisión Permanente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, "respaldando la petición " de la Comisión de Derechos Civiles, ha reclamado al Consejo de Ministros, la prórroga de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática que está permitiendo el acceso a la nacionalidad de los hijos y nietos de españoles en el exterior, excluidos de legislaciones anteriores. 

En un comunicado explican que esta ley, a través de la disposición adicional 8ª, "ha solucionado temporalmente" una petición del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) desde sus inicios: facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de españoles en el exterior, solucionando los problemas en materia de nacionalidad. Sin embargo, la finalización de esta norma en octubre de 2024 "supondría que los efectos positivos de esta ley no serían aplicables a muchos ciudadanos y ciudadanas que aún esperan comenzar el trámite de solicitud de la nacionalidad en consulados generales que están infra dotados para este proceso".

Aseguran desde la Permanente que "a la saturación de los Consulados se suma la de los Registros Civiles en España, que no disponen de medios suficientes para procesar todas las peticiones de partidas de nacimiento que han recibido", en unos tiempos razonables como para que todos los interesados puedan iniciar su trámite a tiempo.

Inciden, asimismo, en que es "necesaria una reforma permanente del Código Civil en materia de nacionalidad", pero igualmente y hasta que esta se produzca, "se ha de aliviar el estrés y la preocupación provocada por un plazo que acabaría en poco más de 9 meses anunciando una prórroga al plazo inicial". 

Además, aseguran desde el CGCEE, que la propuesta de reforma del Código Civil que se aprobó en el 3er Pleno del VIII, en noviembre de 2023, es necesario que el Consejo de Ministros "acuerde la prórroga por un año de la vigencia de la disposición adicional octava de la LMD", y recuerdan la literalidad del texto  "2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año."

Concluyen instando al Consejo de Ministros a la pronta resolución de la prórroga, "en especial para saldar una deuda histórica con miles de ciudadanos y ciudadanas españolas en el exterior".