En comisión parlamentaria, el consejero de Presidencia ha explicado que la Junta está prestando "especial atención a la elaboración" de este instrumento "orientado a facilitar la planificación y coordinación de todas las políticas de la Administración autonómica en materia de emigración de retorno y con ello, mejorar y aumentar tanto el volumen como la eficiencia de los servicios y prestaciones que ya se garantizan a las personas andaluzas emigrantes que deciden volver a su comunidad".
En este sentido, ha destacado que este colectivo ha aumentado en los últimos años, de manera que mientras que en 2009 retornaron a Andalucía desde el extranjero 2.991 personas, en 2014, la cifra ha ascendido a 4.469 y a 5.656 personas en 2015. De manera conjunta, ha subrayado que, en los últimos diez años (2006-2015) han fijado su residencia en Andalucía 38.780 personas que han retornado desde el extranjero.
A este respecto, ha indicado que la mayoría de quienes regresaron en 2015 se encuentran dentro de la categoría de población activa. En concreto, ha apuntado que 2.142 personas, más de un tercio del total de retornados (38%), se encuentran ubicadas en el intervalo de edad entre 26 y 45 años, un dato algo superior al 32 por ciento del año 2014. Según ha indicado, se trata de "una valiosa información, que justifica determinadas actuaciones que se están poniendo en marcha dirigidas a esta población retornada con el fin de que vuelvan a incorporarse al mercado laboral andaluz".
De este mismo análisis, ha señalado que Málaga, Sevilla y Granada son las principales provincias de acogida. Otro dato que ha destacado es que Reino Unido, Francia o Alemania son los países desde los que se producen más llegadas también en 2015 --como ya ocurrió en el 2014--, mientras que Marruecos, EEUU, Argentina o Venezuela, empiezan a destacar como países desde donde se inicia el retorno a Andalucía. Según ha explicado, gran parte de esos países son también los que atraen una mayor cantidad de las salidas en los últimos años.
En su opinión, este análisis obliga a la Administración a "conceder un nuevo impulso y una nueva perspectiva de la orientación de las políticas hacia el retorno de los emigrantes" y un "nuevo planteamiento" que se recogerá en la Estrategia Integral. En este sentido, ha explicado que la estrategia abarcará hasta 2018 y, al término de su vigencia, se procederá a su evaluación dentro del Informe de Evaluación Cuatrienal de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el mundo.
Respecto de los trabajos llevados a cabo, ha destacado el "profundo análisis" de las estadísticas oficiales, con objeto de conocer el volumen de la población retornada y sus principales características sociodemográficas, así como de las personas que están saliendo estos últimos años. Entre otros aspectos, el vicepresidente ha subrayado que los motivos familiares o de pareja (37%), suelen ser las principales razones del retorno, seguida por el simple deseo de volver (28,1%) o la decepción al llegar al destino (22,4%), que se da más habitualmente entre los hombres (31,2%) y más, concretamente, en el grupo de edad entre 26 y 45 años (37,5%).
Así, ha indicado que se ha abordado una aproximación a sus necesidades y demandas concretas "con el fin de detectar cuáles son las principales áreas de interés para las personas retornadas y en qué ámbitos". Además, ha explicado que se ha efectuado un análisis de política comparada, buscando buenas prácticas en la normativa y la actividad de otras administraciones autonómicas españolas, así como de otros países extranjeros.
En cuanto a las necesidades y demandas detectadas destaca que la mayor es la de "encontrar trabajo en España", seguida por la necesidad de proveer a las personas de mayor información y de apoyo en la realización de los complejos trámites y gestiones a que se ven obligadas para hacer valer sus derechos, solicitar determinadas prestaciones o cumplir con las obligaciones ordinarias de la ciudadanía, sobre todo, por parte de los individuos más mayores que poseen menos formación.
Como ejemplo de esta problemática, ha señalado la regularización de la Agencia Tributaria de las pensiones públicas que los emigrantes retornados reciben del extranjero. Así, ha recordado que, con el fin de asistir en este asunto a todos los afectados, su Consejería consideró conveniente incrementar los recursos con los que cuentan las asociaciones de retornados que actúan como agente intermediario y que, desde hace décadas, vienen desarrollando una valiosa actividad entre este colectivo y la Administración.
SISTEMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA
Con este objetivo, el pasado mes de julio se firmó un convenio con la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados con objeto de crear un sistema de atención y asistencia jurídica "que permita conceder un mejor y mayor soporte a las necesidades de esta población". En el marco de este convenio, ha señalado que la Federación ha contado, en 2016, con una aportación de la Consejería de Presidencia de 60.000 euros con el fin de que, en cada provincia andaluza, se constituya un punto de atención e información, así como de asistencia jurídica a los emigrantes retornados en su proceso de vuelta a Andalucía. Asimismo, ha destacado que para el próximo ejercicio presupuestario de 2017 se ha previsto incrementar este compromiso, aumentando esta aportación hasta los 70.000 euros.
El vicepresidente ha informado de que, desde el inicio de su puesta en marcha, el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre, se ha atendido más de 2.300 consultas en las diferentes asociaciones de emigrantes retornados, y que se estima que las mismas puedan alcanzar las 4.500 a finales de año.
Finalmente, con respecto a otras demandas detectadas, ha señalado que los retornados también establecen la 'Homologación de estudios', particularmente, entre la población con edad más joven, y ha destacado que no se observan necesidades especiales en materia de asistencia sanitaria.
En definitiva, ha explicado que se trata de un "amplio trabajo de análisis y de valoración de necesidades" que ha permitido elaborar ya un listado de medidas concretas a desarrollar que, antes de fin de año, esperamos acordar con los diferentes centros directivos y organismos de la Junta responsables, a fin de confeccionar el Plan de Acción definitivo y de iniciar su puesta en marcha el próximo año.
No obstante, ha explicado que la Junta ya viene desarrollando un importante compromiso con la población andaluza retornada mediante diversas líneas de actuación de la Administración autonómica, como las subvenciones que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales concede respecto a las personas emigrantes retornadas a través de una orden anual o que la Consejería de Educación garantiza el acceso de la población retornada en edad escolar a los planes de compensación educativa, con el fin de prevenir posibles situaciones de desigualdad, entre otras.