Mario Alonso es el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados, FAER, uno de los colectivos más activos a la hora de informar a los retornados sobre la reforma fiscal y cómo les afecta.

¿Cuántas personas calculáis que están afectadas por esta reforma?

Los cálculos realizados por las asociaciones de retornados superan las primeras cifras manejadas por Hacienda. El año pasado el ministerio envió 650.000 borradores a toda España informando sobre el pago de multas a quienes no habían declarado sus pensiones del extranjero, aunque en la nota avisaban de que habría más afectados. Nosotros calculamos que en España puede haber unas 800.000 personas afectadas de forma directa, sin entrar a valorar en lo que estas multas suponen para sus familiares que hoy día dependen de ellos. En Andalucía los cálculos son de unas 180.000 personas afectadas.

¿Consideráis que la reforma fiscal aprobada a finales de noviembre da solución a los problemas con los que se encontró el colectivo retornado?

En absoluto. Cuando te quitan mucho y te devuelven un poco es una alegría. Pero no hay que olvidar que  el Gobierno admitió que hubo un error al cobrar esas sanciones. Ahora quiere taparlo con un pequeño beneficio, cuando debería admitir que hubo una mala interpretación y que no hubo campaña informativa previa. Año tras año hemos ido a preguntar si teníamos que pagar o no y de repente nos encontramos con este problema. Muchos técnicos de Hacienda nos dan la razón y nos dicen que la forma de actuar fue una canallada, pero que no pueden hacer nada contra las órdenes de Madrid.

Sin embargo, ahora todos los partidos dicen estar con el colectivo y que le van a ayudar. Pero el calendario político sigue su curso. ¿Os sentís engañados?

Los hechos hablan por sí solos. No hacen una campaña informativa. Un retornado que no esté asociado no se va a enterar de la posibilidad de que se le devuelvan las sanciones. Desde luego, no por la prensa. Porque a no ser que Hacienda cambie de opinión, las sanciones no se van a devolver de oficio.

Estimamos que si el Gobierno reconoce que hubo un error lo normal sería que rectificara en todo. No sólo a la hora de devolver las sanciones. Debería quitar también la retroactividad y aumentar el período de pago de las sanciones a los afectados. Parece que no son conscientes de que ahora se abre un período de seis meses para que regularicen las pensiones percibidas en los últimos cuatro años.

Calculamos que los afectados, siendo mileuristas,  podrían tener que pagar entre seis y 12.000 euros, casi la mitad del dinero que deberían tener para el próximo año. A esa cifra hay que sumarle los gastos que les va a suponer buscar un gestor que les ayude en este papeleo.

Seis meses va a ser un tiempo muy justo porque tendrán que presentar cuatro declaraciones anteriores y la del año en curso. Si antes, con las sanciones, fue un drama, ahora empezará otro.  Deberían facilitar una mayor comodidad en los pagos ya que no tienen intención de quitar la retroactividad.    

¿Por qué es necesario ir a Madrid?

Porque no se ha hecho una campaña informativa general que aclare la situación fiscal de los retornados. Si Hacienda conoce quiénes son los que tienen que hacer frente al pago de estas pensiones, debería enviar unos borradores e información que ayudaran a los retornados. Queremos regularizar nuestra situación fiscal. No nos negamos a pagar, sin embargo se nos ha tratado como si fuéramos defraudadores. Se ha hecho un inmenso daño moral al colectivo.

¿Qué va a ser irrenunciable para acabar con las movilizaciones?

Lo que piden nuestros socios. Que aparezca un borrador con esos datos del extranjero. La puesta en marcha de una campaña informativa, que en todo este tiempo no ha existido. Se aprueban leyes y reformas pero los afectados no están siendo informados. Nos tememos que cuando termine el plazo van a empezar a caer de nuevo multas. Ya que Hacienda tiene los datos de los afectados, que les informe a través de cartas.

Y también queremos que se elimine la retroactividad, porque si el Gobierno asume que no ha infirmado a los afectados y devuelve las sanciones iniciales, es que sabe que lo ha hecho mal.

Quedan seis meses de regularización. ¿El tiempo va a jugar en vuestra contra?

Hoy la información y las ayudas que recibe el colectivo las estamos gestionando desde las asociaciones de retornados, cuando no es nuestra responsabilidad, sino la del Gobierno que ha aprobado la medida. Nosotros somos los que estamos informando a los afectados de que tienen que pagar entorno a unos 2.000 ó 2.500 euros por año, si cobran mil euros al mes. Es muy duro, porque esta cifran van a tener que multiplicarla por cuatro y en la mayoría de los casos se trata de mayores que con sus pensiones están manteniendo a sus hijos y nietos, que están en paro y no tienen como ganarse la vida.